En una sesión que dejó expuesto el quiebre interno del oficialismo y marcó un antecedente político en la gestión municipal de Morón, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre la actuación del intendente Lucas Ghi frente a las denuncias por violencia de género que involucran al funcionario licenciado Hernán Sabbatella.

La iniciativa fue impulsada por el concejal libertario Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, quien logró forzar el tratamiento sobre tablas del expediente y evidenció la resistencia del oficialismo de Unión por la Patria (UxP).

Aguilera cuestionó duramente la actitud del bloque gobernante, al que acusó de tibieza, especulación y silencio cómplice frente a un caso que calificó de ineludible para cualquier gestión que proclame políticas de género.

El edil recordó la denuncia presentada en 2021 por la trabajadora municipal Daiana González contra Sabbatella, a quien acusó de haberla drogado y abandonado en Vicente López, y reprochó al intendente haber ignorado la situación, violando incluso la ordenanza que regula el procedimiento contra el acoso sexual laboral.

También mencionó notificaciones internas dirigidas a Ghi en 2024, así como la reciente denuncia radicada por la esposa de Sabbatella, que derivó en una restricción perimetral y el uso de tobillera electrónica por parte del funcionario.

En su extenso discurso, el concejal libertario apuntó directamente a la responsabilidad política del intendente, a quien calificó de encubridor y de haber avalado el avance de un funcionario denunciado sobre la víctima.

Además, criticó el desplazamiento de las profesionales que acompañaban a González tras la salida de la ex secretaria de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos, Cintia Frías, reemplazada por Laura De Peri. Para Aguilera, esta cadena de decisiones dejó al jefe comunal sin legitimidad para referirse a políticas de género y lo ubicó en una situación inédita de descrédito.

La sesión también dejó ver incomodidades dentro del propio oficialismo. La concejal Leticia Guerrero respaldó las afirmaciones de Aguilera, convirtiéndose en la única voz de Unión por la Patria en pronunciarse sobre el tema.

El resto del bloque mantuvo un silencio que reflejó la delicada situación interna, incluida la presidenta del espacio, Florencia De Luca, que evitó intervenir. Antes de la votación, el concejal del PRO, Claudio Faro, sumó nuevos puntos al pedido de informes. Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad, incluyendo oficialistas, disidentes y opositores.

El episodio marcó un punto de inflexión en el escenario político local. El tratamiento forzado, las críticas al intendente y el voto unánime configuraron un golpe institucional para Ghi, quien ahora enfrenta un plazo acotado de cinco días hábiles para responder a los requerimientos formales del Concejo.

El oficialismo, debilitado y fragmentado, deberá afrontar no solo las consecuencias de la investigación interna, sino también el desgaste político derivado de lo que el libertario Aguilera definió como años de omisiones y encubrimientos. Según el clima que dejó la sesión, la gestión municipal entra en una fase de incertidumbre, y las decisiones que tome el intendente serán decisivas para su continuidad y para el futuro del tablero político en Morón.