En la previa de la huelga general convocada para el 21 de mayo por los principales gremios nacionales, el Poder Ejecutivo nacional dictó el Decreto 333/2025, que dispone la creación de un Comando Unificado Tierra del Fuego.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca reforzar la coordinación de la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA) y la Prefectura Naval (PNA) para enfrentar las protestas y piquetes que se multiplican en la Isla Grande por la eliminación de los aranceles aduaneros a bienes electrónicos.

Objetivos y funciones del Comando

Según fuentes oficiales, el nuevo organismo tendrá 3 líneas de acción principales:

• Coordinación de controles en rutas provinciales y nacionales, especialmente la Ruta Nacional 3, epicentro de los bloqueos de trabajadores de la industria electrónica.
• Implementación de "operativos de saturación" con patrullajes y retenes móviles para desalentar interrupciones del tránsito.
• Aplicación de protocolos antipiquete y antibloqueo, que incluyen el despliegue de fuerzas de choque y equipamiento antidisturbios.

El detonante: quita de aranceles y crisis industrial

La protesta social tiene su origen en la sanción del Decreto 333/2025, que rebaja al 8 por ciento los derechos de importación extrazona de productos electrónicos como televisores, teléfonos celulares, microondas y aires acondicionados (frente al 16 vigente hasta ahora), y adelanta al 15 de enero de 2026 la aplicación de la alícuota cero por ciento para las manufacturas nacionales.

Los trabajadores de las fábricas instaladas bajo el régimen de la Ley 19.640 alertan que la apertura abrupta al comercio exterior "pone en riesgo más de 6 mil empleos directos" y denuncian la desprotección de la industria local frente a productos importados de bajo costo.

Clima de tensión y memoria de la represión

La fuerte presencia de fuerzas federales recuerda episodios de represión histórica en la provincia. En abril de 1995, durante una movilización de obreros en Ushuaia (Tierra del Fuego), el obrero Víctor Choque fue asesinado por la policía provincial, convirtiéndose en la primera víctima mortal en protestas sociales desde la restauración democrática.

Organizaciones de derechos humanos y gremios advierten sobre el riesgo de "criminalizar la protesta" y exigen que se respete el derecho a manifestarse pacíficamente.