En el marco de lo establecido por la Ley 25.831, que garantiza el libre acceso a la información pública ambiental, vecinos y denunciantes volvieron a poner el foco sobre la actividad de las harineras de pescado en el puerto de Mar del Plata, apuntando contra presuntas prácticas contaminantes que afectarían tanto el aire como el agua.

Las acusaciones recaen principalmente sobre las firmas COOMARPES y Agustiner, cuyos procesos industriales (según consta en expedientes con informes de organismos como el Ministerio de Ambiente, el OPDS, la Policía Federal, Prefectura Naval, la Autoridad del Agua y el INTI) no eliminarían la toxicidad de los gases emitidos, sino que la trasladarían parcialmente al sistema hídrico.

Uno de los puntos más sensibles del informe es la interacción entre trimetilaminas y ozono. La trimetilamina, un compuesto de fuerte olor amoniacal asociado a la descomposición del pescado, al reaccionar con ozono genera subproductos como óxidos, iminas, amidas y nitrosaminas, entre ellas la NDMA, considerada potencialmente cancerígena.

Este proceso también produce aerosoles orgánicos secundarios que, según los denunciantes, impactan directamente en la salud de la población, especialmente en niños, personas con enfermedades respiratorias y pacientes con trastornos del espectro autista.

El uso de ozono para el "lavado" de gases es otro de los ejes cuestionados. De acuerdo a la documentación, COOMARPES inyectaría ozono sin autorización para tratar emisiones gaseosas.

Sin embargo, lejos de neutralizar los olores, el proceso generaría compuestos orgánicos volátiles como aldehídos y cetonas, detectables incluso en bajas concentraciones. Estos compuestos, además de ser potencialmente cancerígenos, tienen alta volatilidad, lo que les permite dispersarse y afectar amplias zonas de la ciudad.

A esto se suma el uso de ácido sulfúrico en el tratamiento de gases por parte de Agustiner. Según se detalla, el sistema de lavado tipo Venturi utiliza este compuesto para acidificar el agua y retener aminas. El resultado sería un líquido altamente contaminado, con elevada carga orgánica y niveles de acidez que lo convertirían en un residuo peligroso bajo la Ley 24.051 y la normativa vigente de la Autoridad del Agua.

El informe advierte que este efluente, al no recibir un tratamiento adecuado, genera un impacto directo sobre el ecosistema acuático. La saturación de materia orgánica consume el oxígeno del agua, provocando la muerte de la biota y favoreciendo la proliferación de bacterias anaeróbicas que producen metano y ácido sulfhídrico, este último responsable de los olores nauseabundos característicos de la zona portuaria.

Además, se señala que las empresas habrían comprometido la implementación de sistemas de tratamiento biológico a través de digestores bacterianos (como los proyectados en la planta de ECISA) que nunca se concretaron en la práctica. "Es más barato contaminar", resume con crudeza uno de los tramos del expediente.

Mientras tanto, vecinos del puerto denuncian que conviven a diario con olores intensos y persistentes, en un contexto donde la falta de controles efectivos y la presunta ausencia de autorizaciones agravan el conflicto. La situación vuelve a poner en debate el equilibrio entre actividad industrial, regulación estatal y derecho a un ambiente sano en una de las principales ciudades costeras del país.