Agustín Neme salió a escena con una seguridad que no resiste dos preguntas seguidas. Apuntó contra el kirchnerismo por “mezclar todo”, pero en el intento de simplificar la discusión terminó dejando más dudas que certezas. Porque el problema no es sólo político, es jurídico, histórico y administrativo. Y ahí el discurso empieza a hacer agua.

El intendente interino insiste en separar el predio del Faro de la Memoria como si se tratara de dos mundos distintos. Sin embargo, lo que está en discusión es justamente lo contrario: la posible unidad del terreno y su uso durante la dictadura bajo control de la Armada. No es un detalle menor ni una “mezcla caprichosa”, sino el eje de una causa judicial que ya derivó en una cautelar. Minimizar eso no es gestión, es imprudencia.

Pero incluso dejando de lado la cuestión de derechos humanos, el expediente tiene otro problema más terrenal: cómo se entregó el predio. La Provincia lo cedió al Municipio con un fin claro, social, cultural y turístico. No para montar negocios privados disfrazados de desarrollo. Y mucho menos para hacerlo mediante atajos administrativos.

Acá aparece la maniobra que nadie explica: en lugar de una licitación pública, como corresponde para un espacio municipal, se utilizó una triangulación. Una sociedad de fomento en el medio, que luego cede a un privado. Un circuito que bordea lo irregular y que, en cualquier manual básico de gestión pública, levanta todas las alarmas. Neme no sólo no lo cuestionó, sino que fue parte de ese esquema cuando era concejal.

El relato oficial habla de un lugar “abandonado”. Pero esa versión también se cae rápido. El predio tenía actividad, estaba vinculado a la Armada y había incluso conflictos judiciales en curso por su uso. Es decir, no era un terreno olvidado sino un espacio en disputa, con historia y con implicancias mucho más profundas que las que el intendente intenta reducir a una discusión productiva.

En ese contexto, culpar al kirchnerismo por frenar el “trabajo” suena más a recurso discursivo que a explicación real. Porque lo que frenó la obra no fue una consigna política sino una medida judicial basada en elementos concretos. Y eso, en cualquier Estado de derecho, debería ser suficiente para al menos bajar el tono y revisar lo actuado.

El problema de fondo no es un bar de gin ni un emprendimiento privado. Es la liviandad con la que se manejó un predio sensible, la falta de transparencia en el proceso y la incapacidad de dar respuestas claras. Neme eligió confrontar antes que explicar. Y en esa elección, dejó expuesto algo más preocupante: no sólo la fragilidad del proyecto, sino también la de su propia gestión.