La investigación judicial sobre el sistema de fotomultas sumó un nuevo avance después de que el fiscal federal Paul Starc solicitara acceder a pruebas consideradas clave dentro de expedientes que tramitan en la Justicia bonaerense. La causa tiene como principal imputado al empresario Leandro Camani y apunta a una presunta asociación ilícita vinculada al negocio de la fiscalización vial.

El requerimiento judicial incluyó un pedido formal para obtener copia completa de la causa donde aparece involucrado el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Según trascendió, el expediente podría contener elementos determinantes para reconstruir el presunto circuito de recaudación irregular investigado por la Justicia Federal.

Uno de los principales focos de interés del fiscal está puesto sobre las pericias realizadas a teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos a Bernardino Antonio García, titular de CECAITRA. Además, Starc pidió acceso al informe técnico elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, considerado una pieza central dentro de la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales, parte de la investigación intenta determinar si existieron multas que eran canceladas dentro del sistema sin conocimiento de los presuntos infractores. Esos pagos habrían sido procesados mediante empresas privadas, sin intervención efectiva del Estado y sin que los organismos públicos recibieran el porcentaje legal correspondiente.

La causa principal, caratulada “Tránsito Seguro y Otros s/ Asociación Ilícita”, tramita en la fiscalía federal de Tres de Febrero y busca establecer si funcionó una estructura organizada integrada por empresarios, funcionarios y posibles actores judiciales para generar y canalizar fondos por fuera de los circuitos legales.

En paralelo, también avanza otra investigación vinculada a presuntas maniobras relacionadas con denuncias públicas que posteriormente derivaban en expedientes judiciales. Dentro de ese entramado volvió a aparecer el nombre de Camani y surgieron menciones vinculadas incluso al presidente de la AFA, AFA, Claudio Tapia.

Mientras tanto, la Provincia impulsó modificaciones en el sistema de fotomultas para reforzar los mecanismos de notificación y trazabilidad de pagos, en medio de un escándalo judicial que continúa creciendo.