La crisis en el sistema educativo bonaerense suma un nuevo foco de conflicto. Según denuncian distintos sectores vinculados a las escuelas públicas, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Flavia Terigi, habría aplicado durante este 2026 un recorte de hasta el 30 por ciento en la cantidad de auxiliares dentro de los establecimientos educativos.

La medida estaría generando serias complicaciones en tareas esenciales como limpieza, mantenimiento, cocina y asistencia diaria a los alumnos.

La reducción de personal impactaría de lleno en escuelas que ya venían funcionando con recursos limitados. Directivos, docentes y familias advierten que muchos establecimientos no logran cubrir adecuadamente las tareas básicas, afectando el normal funcionamiento de las jornadas escolares.

En algunos casos, aseguran que un solo auxiliar debe afrontar labores que antes realizaban dos o tres trabajadores, en medio de una creciente demanda social y educativa.

A esto se suma otra polémica sensible: los cupos alimentarios. En municipios como Mar del Plata, dentro del partido de General Pueyrredon, el Servicio Alimentario Escolar atraviesa fuertes cuestionamientos.

Actualmente, cerca de 60 mil estudiantes reciben alimentación todos los días, en un esquema que moviliza alrededor de 12 mil millones de pesos destinados a la asistencia de niños y jóvenes. Sin embargo, desde distintos sectores sostienen que la implementación provincial resulta "sumamente irregular", con problemas en la distribución, demoras administrativas y discusiones permanentes por la asignación de cupos.

Las críticas también apuntan a la falta de planificación y control sobre recursos considerados esenciales en un contexto económico delicado. Mientras crece la demanda en comedores escolares por el deterioro social, la presunta reducción de auxiliares y las irregularidades denunciadas en la administración de fondos vuelven a poner bajo la lupa la gestión educativa bonaerense y la capacidad de la Provincia para garantizar condiciones mínimas en las escuelas públicas.