El Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita aprobó por unanimidad un pedido de informes a la Cooperativa Arbolito, pero la iniciativa no incluyó un requerimiento directo al intendente Walter Wischnivetzky. La decisión abrió interrogantes sobre las responsabilidades del poder político frente a los reclamos de vecinos de la Costa Norte por las facturas eléctricas y los cobros adicionales.

La presentación solicita documentación sobre asambleas, autoridades, balances, memorias institucionales, fundamentos de la denominada cuota de capital no eléctrica y destino de los fondos recaudados. Los vecinos buscan conocer cómo se administran los recursos de la entidad y cuáles son los criterios utilizados para determinar los importes que deben abonar.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la participación de integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa en cargos del Gobierno municipal, una superposición de funciones señalada en el planteo. Esta situación genera preguntas sobre la independencia de los controles, los mecanismos de fiscalización y la posibilidad de conflictos de intereses, sin que ello implique por sí mismo la existencia de irregularidades.

Las críticas también alcanzan a Jorge Paredi, senador provincial y principal referente político del oficialismo local, por su influencia dentro del espacio que conduce el distrito. Tanto él como Wischnivetzky son señalados desde sectores críticos por la necesidad de transparentar los vínculos institucionales y explicar qué responsabilidades corresponden a cada ámbito.

El debate se extiende a la política económica municipal. Mientras el intendente plantea la importancia de las medidas contracíclicas, los cuestionamientos se concentran en qué acciones concretas desarrolla su gestión para acompañar a las familias y comercios que enfrentan dificultades para pagar los servicios esenciales.

También aparecen reclamos de mayor información sobre contrataciones, adjudicaciones y relaciones entre empresas, cooperativas y funcionarios. Las sospechas sobre eventuales beneficios indebidos requieren documentación y una investigación que permita establecer si existieron irregularidades, por lo que no pueden presentarse como hechos comprobados.

La aprobación del pedido de informes representa un primer avance, pero no resuelve las inquietudes de los usuarios. Ahora resta conocer las respuestas de la Cooperativa Arbolito y determinar qué controles ejerce el Ejecutivo municipal sobre la prestación del servicio.

En ese escenario, Wischnivetzky y Paredi enfrentan cuestionamientos sobre la transparencia y la responsabilidad política del oficialismo de Mar Chiquita. Los vecinos esperan explicaciones verificables sobre los cobros, la administración de los recursos y las medidas previstas para atender sus reclamos.