Mar del Plata atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes y la responsabilidad recae en dos actores que, en lugar de coordinar, se dedican a cruzar acusaciones. Por un lado, el intendente interino de General Pueyrredon, Agustín Neme, quien asumió en diciembre de 2025, no logra revertir el aumento del delito ni ejecutar los recursos destinados a prevenirlo. Por el otro, el gobernador Axel Kicillof administra una fuerza policial que los propios dirigentes de su espacio denuncian como desmantelada e inoperante en los barrios.

La gestión de Neme acumula falencias concretas. El subsecretario provincial de Seguridad, Eduardo Aparicio, denunció que el municipio recibió más de tres mil millones de pesos en 2025 para patrulleros, cámaras y tecnología del Centro de Operaciones y Monitoreo, pero ejecutó menos de la mitad. El dinero no gastado volvió a las arcas provinciales.

Mientras tanto, 1.383 cámaras conectadas al centro de monitoreo funcionan con serias irregularidades: una licitación de casi cuatro mil millones de pesos para su mantenimiento fue rechazada y las ofertas presentadas incumplieron el pliego. Comerciantes y vecinos denuncian zonas liberadas donde los dispositivos simplemente no registran nada.

Aparicio fue claro al afirmar que se podría haber actuado más rápido en investigaciones recientes si el sistema municipal hubiera estado operativo. La desidia, en este caso, tiene nombre y apellido municipal.

Pero la Provincia no queda exenta. La Policía Bonaerense depende de Kicillof y su despliegue en Mar del Plata es cada vez más deficitario. El concejal Julián Bussetti recorrió comisarías móviles y documentó su abandono, como la del Barrio Libertad, cubierta de maleza y sin efectivos.

El Foro de Seguridad Municipal ya había denunciado el año pasado el retiro de entre cuarenta y cincuenta policías por comisaría y patrulleros remolcándose por falta de combustible. En medio de este panorama, renunció Gastón Herrera, el referente provincial de seguridad en el distrito, en una señal de descomposición interna de la cartera que conduce el ministro Javier Alonso.

Las comisarías móviles son provinciales, no municipales, y su vaciamiento es responsabilidad directa del gobierno bonaerense. La disputa política entre Neme y Kicillof se traduce en una ciudad tomada por el delito.

Asesinatos en robos, un femicidio en la zona de playas, tiroteos en barrios periféricos y marchas de vecinos frente a la Jefatura Departamental marcan el día a día. La Provincia anuncia refuerzos que no se ven, mientras el municipio muestra en redes operativos del centro de monitoreo que la realidad desmiente.

A su vez, las sociedades de fomento reclaman por calles intransitables, basurales y oscuridad, un abandono generalizado que se suma a la ausencia policial. El mecanismo es siempre el mismo: la Provincia acusa al municipio de subejecución y desidia, mientras la administración local señala la inacción bonaerense.

Pero, en ese cruce de culpas, los únicos perjudicados son los marplatenses. Fondos millonarios sin utilizar, cámaras que no filman, comisarías vacías y una ciudad que exige respuestas mientras dos máximas autoridades se pasan la pelota.