Vinieron a terminar con el Estado que regala lo que no es suyo. Y, sin embargo, el intendente Ramiro Egüen y los concejales de La Libertad Avanza habrían entregado gratuitamente a un privado un predio municipal donado por la Iglesia para viviendas sociales, con el objetivo de que funcione un supermercado chino.

La Ordenanza número 2513/1997 sigue vigente, ningún documento autoriza el cambio de destino y nadie del gobierno local da explicaciones.

El documento de 1997 no deja lugar a dudas: el Obispado de 9 de Julio donó al municipio el inmueble de la Quinta 105, Circunscripción I, Sección F, y la ordenanza aceptó la donación con un destino expreso: viviendas sociales o asistencia social.

Esa finalidad obliga al municipio de forma permanente y solo puede modificarse mediante una nueva norma del Concejo Deliberante. La revisión del Boletín Oficial municipal, del sitio del Honorable Concejo Deliberante y de medios locales y provinciales es contundente: no existe ninguna disposición publicada que haya cambiado el uso de ese predio.

La contradicción política es de manual. La Libertad Avanza construyó su identidad sobre la protesta contra el despilfarro estatal, el uso discrecional del patrimonio público y la política que reparte tierras a dedo. Sin embargo, los concejales libertarios José Luis Guarech, Dino Caronello y Verónica Cortes acompañaron la iniciativa de darle otro destino al inmueble y entregarlo gratuitamente a un privado.

Si el relato se confirma, no sería gestión eficiente del Estado, sino exactamente aquello que ellos mismos denunciaban, solo que firmado por los suyos. Con el patrimonio de todos, la austeridad libertaria dura lo que tarda la tentación de repartirlo.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es seria. Si el municipio aceptó una donación con un destino determinado y este no se cumplió, no solo habría un desvío del patrimonio público, sino también una cláusula de reversión potencial a favor del donante original, el Obispado de 9 de Julio, que podría reclamar la devolución del bien.

El 25 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes que exige al gobierno de Egüen el instrumento legal del otorgamiento, el expediente administrativo y el nombre del poseedor actual. Y hay más: durante la sesión, el concejal de la UCR, Guillermo Lance, incorporó al requerimiento dos artículos adicionales.

Uno solicita que el municipio explique si expidió el certificado catastral para otorgar el número de puerta y qué documentación le exigió EDEN para suministrar electricidad al predio. El otro apunta a los trámites de suministro de luz y agua, que solo se gestionan para titulares reales. Si existen esos papeles, también hay una constancia escrita de la operación que nadie quiere explicar.

Frente a una acusación de esta magnitud, regalar un bien donado para viviendas sociales, violar una ordenanza vigente y exponer al municipio a una reversión judicial, la respuesta esperable sería simple: mostrar el documento que establece el destino del inmueble y justifica su utilización actual. Según las fuentes consultadas, el caso cobró notoriedad hace un mes, cuando el intendente se reunió con el embajador de China.

En ese contexto, vecinos denunciaron al jefe comunal por entregar su patrimonio: un terreno destinado a soluciones habitacionales terminó en manos de ciudadanos chinos, gratuitamente y con fines comerciales, sin una ordenanza que lo avale. El mandatario y los concejales quedaron expuestos. La frase que los llevó al poder empieza a sonar a sentencia: la plata y la tierra del Estado no se regalan. Nadie mejor que ellos lo sabía. Que empiecen por cumplirlo.