Integración Distrital presentó ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires una batería de proyectos que apunta a modificar el actual esquema de coparticipación municipal y darle mayor poder de decisión al interior bonaerense sobre la infraestructura vial. La iniciativa fue elevada al presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, y propone cambios estructurales en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), además de la creación de un Consorcio Regional de Gestión Vial.

Desde el espacio sostuvieron que el sistema vigente “premia la ineficiencia y la concentración demográfica”, mientras que los municipios del interior que generan riqueza agroindustrial y energética terminan sin infraestructura acorde a su aporte productivo. En ese marco, plantearon incorporar nuevas variables al reparto de fondos, como la extensión territorial, el mantenimiento de caminos rurales y el valor agregado que produce cada distrito.

Uno de los puntos centrales del proyecto propone crear un “Índice de Retorno Productivo” para que una parte de la riqueza generada en cada municipio vuelva al territorio en forma de inversión. También se busca incluir incentivos para localidades que impulsen industrias vinculadas a tecnología, bioeconomía, energías renovables y economía del conocimiento, con el objetivo de reducir la dependencia de un único sector económico.

La propuesta además incorpora un “CUD Verde”, que otorgaría beneficios a municipios que eliminen basurales a cielo abierto y desarrollen sistemas de tratamiento de residuos. Según el documento presentado, la idea es reemplazar un modelo basado en la asistencia por otro enfocado en la eficiencia de gestión y la diversificación productiva.

En paralelo, Integración Distrital impulsó la creación de un Consorcio Regional de Gestión Vial integrado por municipios de la región y con participación junto a Vialidad Provincial en la definición de obras y asignación presupuestaria. El organismo tendría facultades de auditoría técnica y control sobre la calidad de las obras, incluyendo la posibilidad de frenar pagos a contratistas hasta certificar la conformidad de los trabajos realizados.

En el resumen ejecutivo difundido por el espacio político también se remarca que el objetivo es terminar con la “corrupción estructural” vinculada a rutas que se deterioran prematuramente y avanzar hacia una planificación regional conectada a los nodos productivos y los puertos. “Basta de humo, queremos gestión técnica”, sintetiza el documento presentado desde Guaminí.