El cierre de las cuatro sucursales del mayorista Caromar desató un conflicto laboral que ya supera los 40 días, con trabajadores acampando de manera permanente y sin respuestas concretas por parte de la empresa. En Mar del Plata, los 15 empleados de la sede ubicada sobre la Ruta 88 mantienen el reclamo desde diciembre, cuando la firma anunció el cese de actividades y dejó a un centenar de personas sin empleo en distintas localidades.

Los trabajadores, nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, comenzaron reclamando el pago de salarios adeudados y luego exigieron el cumplimiento total de las indemnizaciones legales. Según el gremio, la empresa nunca presentó una oferta real. “Desde el primer momento la propuesta fue cero. No querían pagar nada de indemnización”, afirmó Esteban Fraysse, secretario gremial del sindicato.

El dirigente remarcó que el acampe fue determinante para forzar instancias de diálogo. “Si algo se logró con estos 40 días es que la empresa se sentara a una mesa en la que no quería estar”, sostuvo. Durante el conflicto se realizaron audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, aunque sin avances significativos para la mayoría de los empleados.

La última audiencia, realizada en La Plata, dejó un antecedente polémico: la empresa acordó con trabajadores de una de las plantas más grandes el pago del 50 por ciento de las indemnizaciones en tres cuotas, una propuesta que desde el sindicato calificaron como inaceptable. Según denuncian, la patronal intentó usar ese acuerdo parcial para dar por caída la negociación con el resto del personal y avanzar hacia la judicialización del conflicto, maniobra que fue frenada por la intervención del Ministerio, que dispuso un nuevo cuarto intermedio.

Desde el SECZA advierten que el caso Caromar es un conflicto testigo, directamente vinculado con la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. Fraysse señaló que el estudio jurídico Foglia, asesor de la empresa, participó en la redacción de esa reforma y promueve un escenario de no pago de indemnizaciones, apuntalando la figura del fondo de cese laboral.

“Llevan las negociaciones al límite para no pagar y convencer a los trabajadores de que el fondo de cese es lo que conviene, cuando en realidad se pierden derechos”, advirtió el dirigente. También cuestionó el llamado Fondo de Asistencia Laboral, mediante el cual el Gobierno nacional busca redireccionar aportes patronales para que el Estado absorba parte del costo de los despidos.

Mientras tanto, el acampe continúa sobre la Ruta 88, con presencia permanente de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales. “Hace más de 40 días que estamos ahí. La empresa todavía tiene mercadería en el lugar y esa es parte de la presión, aunque el candado lo puso la propia empresa”, concluyó Fraysse.