Una carta explosiva llegó a la Gobernación bonaerense y al Juzgado Federal 3 de La Plata con acusaciones directas contra el gobernador Axel Kicillof y parte de su Gabinete.

El autor, Héctor Daniel De Olivera, asegura ser propietario de miles de hectáreas en distintos municipios de la provincia y denuncia un presunto "robo multimillonario" de sus tierras a través de la aplicación de la denominada Ley Pierri y la Ley de Hábitat 14.449.

En el escrito dirigido al mandatario provincial, De Olivera sostiene que el gobernador habría firmado 15 mil escrituras que califica como "truchas" y que, según su versión, habrían perfeccionado la transferencia irregular de inmuebles de su propiedad. Atribuye responsabilidades al secretario de Hábitat, Rubén Pascolini, y menciona también al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, a quien acusa de haber sido informado por correo electrónico y de guardar silencio ante lo que considera hechos delictivos.

El denunciante afirma contar con fallos favorables en primera, segunda y tercera instancia, incluyendo resoluciones que atribuye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2019, que (según su relato) habrían reconocido la validez de sus títulos y el origen lícito de los fondos con los que adquirió las tierras. En ese marco, menciona actuaciones vinculadas a los expedientes FLP 76346/2017 y FLP 76347/2017, radicados en el Juzgado Federal 3 de La Plata.

En la carta, De Olivera asegura haber ofrecido distintas alternativas para resolver el conflicto. Entre ellas, un plan de mediación penal federal, la donación de 50 mil lotes de su propiedad con el cargo de realizar escrituraciones masivas, la creación de un banco de tierras con otros 30 mil lotes vacíos y la constitución de un fondo de 700 millones de dólares para la construcción de viviendas. También afirma haber puesto a disposición garantías por cifras millonarias en títulos respaldados por sus inmuebles.

Además, señala que el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Juan Cuattromo, se habría mostrado dispuesto a analizar instrumentos jurídicos y financieros para encauzar la situación, aunque responsabiliza a funcionarios del área de Hábitat de obstaculizar cualquier avance.

En paralelo, el escrito presentado ante el juzgado federal solicita el "pronto despacho" y el desarchivo de las actuaciones, con el objetivo de convocar a una mediación urgente entre las partes. De Olivera advierte que, de no prosperar esa instancia, podrían quedar procesados el gobernador, sus ministros y los 134 intendentes bonaerenses por presunta participación en el despojo de sus tierras.

El texto también incluye referencias a supuestas presiones provenientes de Comodoro Py y menciones a figuras judiciales como Claudio Bonadio. A lo largo de la carta, el autor alterna acusaciones, ofrecimientos de colaboración y expresiones de tono político, en las que incluso alude a la situación nacional y a eventuales consecuencias institucionales.

Hasta el momento, no hubo una respuesta pública por parte de la Gobernación bonaerense ni del Juzgado Federal 3 de La Plata respecto de la presentación. Tampoco trascendieron actuaciones judiciales recientes vinculadas a los planteos formulados en la carta.

La documentación lleva fecha del 27 de febrero de 2026 y cuenta con sellos de recepción de la Dirección Técnica y Social de la Provincia y de la Secretaría Privada del juzgado interviniente. El contenido, por su gravedad y alcance, abre un nuevo frente de tensión política y judicial que podría escalar en los próximos días si se formalizan medidas procesales o respuestas oficiales.