Concejales de Unión por la Patria (UxP) en La Plata habrían estado involucrados en un esquema de estafa ligado a la entrega irregular de terrenos, en presunta connivencia con el Gobierno municipal que encabeza Julio Alak y con un supuesto aval del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Según versiones de vecinos y trascendidos judiciales, el fiscal federal platense Álvaro Garganta podría haber tenido un rol facilitador en los aspectos legales.

Fuentes vinculadas al caso indican que un puntero identificado como “Darío”, con actividad en La Plata, Cañuelas y Ezeiza, entre otros distritos, sería uno de los encargados de acercar “clientes” al Municipio. Los damnificados habrían abonado alrededor de 7 mil dólares cada uno, bajo la promesa de acceder a terrenos mediante trámites respaldados por concejales peronistas y en base a supuestas gestiones amparadas en la denominada Ley Pierri.

Los encuentros, según testimonios, se habrían realizado en el primer piso de la Municipalidad de La Plata, donde se mostraban carpetas de documentación (incluso con sello y nomenclatura) para dar verosimilitud a la operatoria. En algunos relatos, se mencionan firmas falsificadas, la existencia de un escribano fallecido utilizado como garante y otros elementos que aumentarían la sospecha de fraude.

A la semana de iniciados los trámites, muchos vecinos advirtieron irregularidades y nunca obtuvieron boletos de compra-venta ni informes de dominio, incluso luego de seis meses de espera.

Vecinos de Mar del Plata, que también se considerarían perjudicados, habrían decidido organizarse y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Federal de General Pueyrredon, con el objetivo de que la Justicia investigue y determine eventuales responsabilidades penales y políticas.