El debate por la modificación del régimen de Zona Fría volvió a encender la polémica tras las duras declaraciones del intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, quien cuestionó el proyecto impulsado desde el oficialismo nacional y advirtió sobre el impacto económico y social que podría generar en miles de hogares bonaerenses.

El jefe comunal manifestó su rechazo a la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que propone modificar el esquema de subsidios al gas natural, reemplazando parte del criterio geográfico vigente por un sistema más focalizado en función de ingresos y condiciones socioeconómicas.

"Ponen una piedra arriba de la otra para aplastar a la población", sostuvo Moccero al referirse a las medidas económicas impulsadas por la administración nacional, al tiempo que alertó sobre el efecto directo que tendría la reforma sobre ciudades con inviernos rigurosos y alta dependencia del consumo de gas residencial.

Según explicó el dirigente, las modificaciones podrían derivar en incrementos tarifarios de entre el 30 y el 50 por ciento para numerosos usuarios alcanzados actualmente por el beneficio. En ese sentido, remarcó que el aumento del costo energético obligaría a muchas familias a reducir el uso de calefacción durante los meses más fríos.

Además del aspecto económico, Moccero puso el foco en las posibles consecuencias sanitarias. Señaló que un menor acceso a la calefacción podría traducirse en un incremento de enfermedades respiratorias, especialmente entre niños y adultos mayores, y generar una mayor presión sobre los sistemas públicos de salud.

El proyecto de reforma mantiene beneficios más amplios para regiones históricamente contempladas dentro del esquema, como la Patagonia, mientras que introduce cambios para distritos incorporados tras la ampliación realizada en 2021, situación que genera preocupación en municipios bonaerenses que actualmente reciben descuentos sobre las tarifas.

La discusión sobre el futuro de la Zona Fría promete seguir escalando en las próximas semanas, mientras intendentes, legisladores y usuarios observan con atención el impacto que podría tener una eventual aprobación definitiva de la iniciativa.