Por Ariel Layera

Como ciudadano comprometido con el Estado de Derecho y en mi carácter de Observador de la Seguridad, Ciudadano Meritorio de la ciudad de Mar del Plata y exjefe de Asesores del Servicio Penitenciario Bonaerense, manifiesto mi más enérgico, categórico y absoluto rechazo a la construcción y al régimen de reclusión proyectados para la Unidad Penitenciaria número 8, denominada, de manera brutal e inadmisible, “El Infierno”, en la localidad de Piñero, provincia de Santa Fe.

A lo largo de mi trayectoria institucional en el ámbito penitenciario y de la seguridad pública, he sostenido que la firmeza del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico jamás debe confundirse con la claudicación de la legalidad ni con la adopción de métodos que degraden la condición humana. La creación de un dispositivo de confinamiento extremo, basado en el “contacto cero” y el aislamiento absoluto durante 23 horas diarias, representa un peligroso retroceso institucional que desvirtúa los fines establecidos para la ejecución de la pena por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Este proyecto no constituye una solución penal legítima, sino la instauración de una verdadera máquina de tortura psicológica, orientada a la desestructuración psíquica y a la aniquilación de la voluntad de las personas privadas de la libertad. La supresión deliberada de los estímulos sensoriales mínimos, la eliminación de la interacción humana directa mediante mamparas de vidrio permanentes y la automatización deshumanizante de la rutina carcelaria violan flagrantemente el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que establece taxativamente que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.

Asimismo, esta iniciativa colisiona de manera directa con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas Nelson Mandela, y con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El aislamiento solitario prolongado más allá de los límites permitidos internacionalmente no solo es ilegal, sino que también produce daños neurológicos, psíquicos y físicos irreversibles, que tornan abstracto cualquier horizonte de resocialización o reinserción comunitaria.

La experiencia empírica y los estudios criminológicos demuestran que las políticas de suplicio y venganza institucional no resuelven la complejidad de las economías delictivas en el territorio. Por el contrario, la deshumanización del sistema penitenciario exacerba la violencia, destruye de manera colateral los lazos familiares esenciales y erosiona la autoridad moral de las instituciones democráticas, al legitimar prácticas que deshonran la tradición jurídica de nuestra República.

Por todo lo expuesto, expreso mi repudio total a este modelo de gestión carcelaria e insto a las autoridades políticas y judiciales a adecuar sus estrategias de seguridad a los estándares constitucionales vigentes, entendiendo que no existe seguridad verdadera allí donde se conculcan las garantías fundamentales del ser humano.