Los Menem volvieron al poder y, como si el tiempo no hubiera pasado, eligieron a sus socios con el mismo criterio que en los noventa: el bolsillo. Eduardo Lule Menem y Martín Menem, hoy instalados en la subsecretaría de Gestión Institucional y en la presidencia de la Cámara de Diputados respectivamente, tejieron una alianza incómoda con José Voytenco, el líder de la UATRE que maneja una de las cajas gremiales más jugosas del país.

La relación comenzó como un pacto de convivencia, una tregua en la que el oficialismo le garantizaba al sindicalista cierta tranquilidad judicial a cambio de designaciones afines y el control compartido de OSPRERA, la obra social rural que mueve miles de millones de pesos por mes. Pero como toda buena sociedad basada en la codicia, el acuerdo terminó en una guerra abierta que ya tiene nombre y apellido en los tribunales.

El quiebre llegó cuando Lule Menem, empujado por el ala más voraz del Gobierno, decidió avanzar sobre OSPRERA para desplazar por completo a Voytenco y quedarse con la torta. A través de intermediarios y funcionarios del Ministerio de Salud, los Menem colocaron interventores propios en la obra social, desatando una denuncia furiosa del sindicalista, que los acusó de querer expropiar los recursos de los trabajadores rurales.

La pelea escaló rápidamente cuando se destapó el escándalo de los laboratorios, ya que bajo la tutela de Lule se adjudicaron compras directas multimillonarias de medicamentos a droguerías vinculadas a los negocios del clan, como la firma Suizo Argentina, mientras el entorno de Voytenco señalaba que también se beneficiaban empresas de seguridad y tecnología asociadas a los hermanos Menem.

Pero en el medio de esta disputa de alcurnia, el verdadero negocio sucio de Voytenco siguió su curso sin que nadie lo interrumpiera. El sindicalista recibía todos los meses medio millón de dólares en efectivo por el seguro de sepelio de la empresa El Surco, una suma que llegaba puntualmente a su despacho del cuarto piso y que él mismo entregaba a Mauricio Pascuale, su valijero de confianza, para que la administrara con la discreción que solo da el dinero no declarado.

A eso se sumaba el veinte por ciento de lo recaudado por Reservín Patagonia, una empresa de servicios que se sostiene con los aportes de los trabajadores rurales a través de UATRE y OSPRERA, lo que le reportaba otros cien mil dólares mensuales. La consultora Taquion, dedicada a la comunicación, tampoco escapaba al festín, ya que Voytenco se embolsaba el cincuenta por ciento de todo lo facturado, una comisión que ningún contrato justifica pero que la costumbre convierte en ley.

Y para cerrar el círculo virtuoso de la corrupción, el seguro de El Surco estaba obligado por contrato a dejar el veinte por ciento en la Unión en concepto de gastos administrativos, pero esa suma regresaba disfrazada de obras ejecutadas por una constructora del grupo empresario, de la cual Voytenco reclamaba el treinta por ciento de cada proyecto cobrado.

La pelea judicial entre los Menem y Voytenco sumó un capítulo clave cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó el fin de la intervención estatal impulsada por los Menem y repuso al sindicalista al frente de OSPRERA, un fallo que significó un durísimo revés político para Lule y Martín.

Sin embargo, las denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que pesan sobre el patrimonio del líder de la UATRE siguen abiertas, manteniendo la tensión con el clan riojano al máximo y evidenciando que, más allá de las diferencias, todos se sientan en la misma mesa a repartirse el botín. La motosierra libertaria, al parecer, tiene una hoja mellada que no alcanza a cortar los negocios de los poderosos.