Una denuncia presentada ante la Cámara Federal puso bajo la lupa al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés "Cuervo" Larroque, y al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) que funciona bajo su órbita.

La presentación fue realizada por Daniel Sarwer, con el patrocinio de la abogada Emma Corazza, y solicita la apertura de una investigación judicial federal por presuntas irregularidades administrativas, financieras y funcionales, sin formular imputación penal concreta contra persona alguna.

Según consta en el escrito, la denuncia apunta a que se investigue el manejo y destino de los fondos públicos asignados al OPNyA y, en particular, el funcionamiento del Instituto de Menores dependiente de dicho organismo. Allí se habrían detectado falencias reiteradas vinculadas a cuestiones administrativas, de mantenimiento, infraestructura, contrataciones y provisión de insumos, además de posibles inconsistencias contables cuya trazabilidad no estaría debidamente acreditada.

El denunciante sostiene que la competencia federal se encuentra habilitada ante la eventual utilización o desvío de fondos de origen nacional y provincial, así como por la posible existencia de maniobras financieras que excederían el ámbito local.

En ese marco, se solicita la intervención de distintos organismos federales de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central (BCRA), la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), a fin de que aporten información sobre movimientos financieros, fiscales y patrimoniales relacionados con el caso.

En la presentación judicial se detallan, a título meramente orientativo y sin imputación, diversas figuras previstas en el Código Penal y en la Ley Penal Tributaria que podrían ser objeto de análisis durante la etapa investigativa.

Asimismo, se pide la adopción urgente de medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias del OPNyA y del Instituto de Menores, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, y la realización de pericias informáticas, con el objetivo de preservar evidencia y evitar su eventual alteración u ocultamiento.

La denuncia también incluye un pedido de habilitación de feria judicial y pronto despacho, invocando la gravedad institucional del asunto. En paralelo, se formuló una recusación expresa contra el juez federal Ariel Lijo, fundamentada en antecedentes de público conocimiento, con el argumento de resguardar la apariencia de imparcialidad y el debido proceso.

Ahora será la Justicia federal la que deberá resolver si da curso a la investigación solicitada y qué medidas adopta en relación con los hechos denunciados.