Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) comenzaron este lunes un paro nacional que se extenderá durante toda la semana, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue convocada por la federación FAGDUT y suspende las actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales del país.

La protesta también impacta en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y en el Colegio Siemens, instituciones vinculadas al sistema educativo de la UTN. Durante los días de paro no habrá clases ni tareas de investigación en esas unidades académicas.

El secretario general de la federación, Ricardo Mozzi, explicó que la decisión surgió de una consulta docente realizada a nivel nacional. “No nos gusta tener que hacer un paro de una semana, pero menos nos gusta ver cómo el Gobierno está implosionando la universidad pública”, sostuvo el dirigente.

Mozzi señaló que el principal reclamo está vinculado al deterioro de los ingresos del sector. Según datos difundidos por la organización, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno ronda el 280 por ciento, mientras que las recomposiciones salariales docentes habrían alcanzado un 139 por ciento en el mismo período.

Desde la federación advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo está generando un fenómeno creciente de migración de docentes universitarios hacia el sector privado, lo que impacta en el funcionamiento de las instituciones. “A quienes trabajamos en las universidades nos sobra vocación, lo que nos falta es llegar a fin de mes”, afirmó Mozzi.

Además del reclamo salarial, los docentes exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la recomposición de tres áreas clave del sistema: salarios docentes, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento de las universidades.

Desde FAGDUT sostienen que esa normativa continúa vigente y que fue respaldada por decisiones del Congreso y por resoluciones judiciales. En ese marco, acusaron al Poder Ejecutivo de no cumplir con la ley y de impulsar cambios que profundizarían el conflicto con el sistema universitario nacional.