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El Gobierno bonaerense impone nuevas exigencias en jardines, pero los Municipios denuncian falta de recursos para cumplirlas

Mientras Provincia avanza con la bimodalidad y nuevas resoluciones alimentarias para jardines maternales, Consejos Escolares advierten que no hay presupuesto, infraestructura ni personal suficiente para ejecutar las medidas. Documentos oficiales revelan que deberán redistribuir recursos ya existentes para sostener el sistema.

El Ministerio de Educación bonaerense continúa avanzando con resoluciones y modificaciones estructurales dentro del sistema educativo, como la implementación de jornadas especiales y la denominada "bimodalidad" en jardines maternales e infantiles.

Sin embargo, detrás de los anuncios oficiales aparece una realidad cada vez más difícil de ocultar: los Consejos Escolares municipales denuncian que no cuentan con recursos económicos, logísticos ni humanos para llevar adelante las exigencias que impone la Provincia.

La situación quedó reflejada en expedientes y documentos oficiales emitidos por organismos del Gobierno bonaerense, donde se establecen nuevas obligaciones para los establecimientos educativos alcanzados por la Disposición 6/2025 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

En una nota oficial fechada el 27 de febrero de 2026, firmada por autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se ordena a los Consejos Escolares y municipios (en carácter de entes ejecutores) adecuar el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en jardines maternales y jardines con salas de 1 y 2 años.

Allí se exige que todos los menús sean elevados previamente a la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos para su aprobación, prohibiendo además la utilización de cupos "Listo Consumo" y descartando la existencia de la modalidad "vianda" dentro de la normativa vigente.

Pero el punto más sensible aparece cuando la propia Provincia reconoce indirectamente la falta de financiamiento adicional. En el documento se insta a los distritos a "utilizar los cupos disponibles no ejecutados" o a redistribuir cupos sobrantes de otros establecimientos educativos para poder sostener las nuevas prestaciones alimentarias.

Es decir, no se anuncian partidas nuevas ni ampliaciones presupuestarias específicas, sino que se propone reorganizar recursos ya existentes dentro de un sistema que muchos municipios consideran agotado.

La contradicción es evidente: mientras desde La Plata se aprueban reformas pedagógicas y ampliaciones en el funcionamiento de jardines maternales, los organismos locales deben resolver cómo sostenerlas sin dinero extra, sin infraestructura adecuada y muchas veces sin personal suficiente.

La documentación también exhibe el elevado nivel de exigencia técnica que deberán cumplir los establecimientos educativos. Los lineamientos nutricionales incluyen protocolos detallados para la alimentación de bebés y niños de hasta 2 años, con restricciones estrictas sobre alimentos permitidos, métodos de preparación y controles bromatológicos.

Entre otras disposiciones, se prohíbe el uso de leche de vaca antes del año de vida, productos ultraprocesados, embutidos, golosinas, gaseosas, carne picada y hasta papillas industrializadas. Además, se exige la confección de menús diferenciados según la edad de los niños, contemplando etapas específicas de alimentación complementaria.

Todo esto implica mayores costos operativos, controles más complejos y necesidad de equipamiento especializado, algo que muchos Consejos Escolares aseguran no poder afrontar en el contexto actual.

La preocupación crece especialmente en distritos del interior bonaerense, donde las dificultades presupuestarias ya afectan el mantenimiento escolar, el transporte y los comedores educativos. En ese marco, varios actores del sistema educativo cuestionan que la Provincia impulse nuevas modalidades sin garantizar previamente los recursos necesarios para ejecutarlas.

Mientras tanto, las resoluciones avanzan, los expedientes se acumulan y la presión termina recayendo sobre municipios y Consejos Escolares que deben "hacer magia" para cumplir con disposiciones provinciales cada vez más exigentes.

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