La situación judicial alrededor de la familia Passaglia volvió a escalar en San Nicolás después de que se presentara un pedido de juicio político y jury de enjuiciamiento contra el diputado provincial Manuel Passaglia. La denuncia fue impulsada por el vecino Hugo Damián Caballero, quien aseguró que existiría una estructura de protección política y judicial destinada a garantizar impunidad dentro del distrito.

La presentación apunta contra Passaglia por presunto tráfico de influencias y persecución política, pero también involucra a integrantes del Departamento Judicial de San Nicolás. Entre los señalados aparecen los magistrados Rubén Giagnorio, Verónica Marcantonio y Laura Fernández, cuestionados por distintas actuaciones vinculadas a expedientes judiciales que, según el denunciante, habrían sido manipulados o paralizados de manera irregular.

A Giagnorio se lo acusa de haber avalado la compactación de un vehículo relacionado con un conflicto judicial. Marcantonio quedó bajo la lupa por una causa que habría permanecido frenada durante cinco años, además de una supuesta relación de cercanía con Giagnorio. En tanto, Fernández fue señalada por presuntamente negarle al denunciante el acceso a defensa legal gratuita.

En paralelo, otra investigación judicial amenaza con agravar todavía más el escenario político local. Dentro de la IPP 4921/26 se analizan posibles delitos de asociación ilícita, prevaricato y estafa procesal. Según trascendió, la Justicia evalúa medidas contra el abogado municipal Sebastián Ferrari, acusado de participar en maniobras presuntamente fraudulentas.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia sostiene que entre 2021 y 2024 se habrían dictado medidas judiciales contra una persona fallecida en 2019. Además, los denunciantes aseguran que se ignoró deliberadamente una anotación de litis vigente desde 2017 sobre la denominada “Manzana 60”, lo que habría permitido avanzar sobre terrenos que mantenían restricciones legales.