El Sindicato de Obreros de la Fruta de Concordia (SOF) quedó envuelto en un escándalo de alto impacto institucional tras una intervención que fue presentada como una medida de ordenamiento, pero que terminó profundizando el caos interno.

La decisión, promovida por la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATREFU), una organización creada en octubre de 2025 y aún sin certificación formal de autoridades, abrió una disputa judicial, financiera y política que mantiene paralizado al gremio.

El foco de la controversia está puesto en Cristian Iván Amaro, designado como administrador interventor del sindicato. Amaro no solo carece de respaldo gremial amplio, sino que arrastra serios antecedentes económicos y judiciales.

Según registros bancarios, como gerente y socio de la firma ATG Foods SRL acumuló más de 54 cheques rechazados por un monto superior a 350 millones de pesos durante 2025, con la mayoría aún sin regularizar, lo que expone una situación de estrés financiero crítico.

A esto se suma un antecedente penal de extrema gravedad. En 2016, Amaro fue condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio agravado en grado de tentativa, tras admitir su participación en la planificación del ataque contra el ex diputado provincial Alejandro “Loquillo” Bahler. El caso incluyó la difusión de un video en el que se lo veía negociando pagos a supuestos sicarios.

El conflicto escaló el 28 de diciembre de 2025, cuando un grupo encabezado por Amaro tomó por la fuerza la sede del sindicato, ubicada sobre la calle Saavedra. El secretario general del SOF, Alcides Camejo, denunció la ilegalidad de la intervención y del desplazamiento de las autoridades electas. Aunque las primeras denuncias por usurpación fueron desestimadas, la conducción legítima del gremio aún debe ser definida por la justicia laboral, lo que mantiene al sindicato en un limbo institucional.

La intervención cuenta con el respaldo político de Pablo Ansaloni, referente de La Libertad Avanza, a través de la FATREFU. Sin embargo, el propio Ansaloni se encuentra bajo investigación judicial desde agosto de 2025, acusado de participar en un presunto plan para intervenir irregularmente la UATRE y su obra social OSPRERA. Auditorías oficiales detectaron déficits millonarios, con denuncias por malversación, administración fraudulenta y asociación ilícita.

El asesor legal de la intervención, Alejandro Jacobi, tampoco está exento de cuestionamientos. Fue inhabilitado en 2024 por la Justicia Federal por irregularidades en la rendición de fondos partidarios en Entre Ríos y está vinculado a una causa por maniobras con pagarés presuntamente fraudulentos.

En este escenario, los trabajadores frutícolas aparecen como los principales perjudicados. El gremio permanece sin normalización institucional, con problemas graves en el acceso a la obra social, incertidumbre sobre la representación sindical y una intervención que, lejos de resolver la crisis, acentuó la descomposición interna.

El SOF de Concordia se transformó así en el epicentro de una disputa donde confluyen intereses gremiales, políticos y judiciales, mientras las respuestas para los afiliados siguen sin llegar.