Ignacio Zavaleta, vecino de Laguna Alsina, partido de Guaminí, avanzó con una serie de presentaciones institucionales por dos asuntos diferentes pero de fuerte impacto público. Por un lado, reclamó respuestas por el radar de LeoLabs instalado en Tolhuin, Tierra del Fuego, y por otro solicitó una investigación legislativa sobre una operatoria que, según denunció, involucró unos 80 mil millones de pesos de liquidez de AUBASA.

En materia de soberanía, Zavaleta había presentado el 21 de julio un reclamo ante la Presidencia del Senado para exigir información y medidas sobre la infraestructura de LeoLabs. Ese mismo día recibió confirmación formal de recepción, pero aseguró que después no obtuvo novedades, por lo que el 14 de septiembre volvió a reclamar que se informe si el planteo fue incorporado a un expediente, remitido a alguna comisión o enviado a organismos como Defensa, Cancillería, ENACOM o CONAE.

También remitió esos antecedentes a la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego, que analiza las autorizaciones otorgadas a LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina SRL, la situación jurídica y operativa del radar, sus características tecnológicas y las responsabilidades políticas y técnicas involucradas. La comisión tenía previsto además continuar recabando testimonios, incluso con entrevistas a Jorge Taiana y Juan Martín Paleo.

En sus escritos, Zavaleta sostiene que la permanencia física de la estructura constituye una cuestión vinculada con la defensa nacional, la seguridad estratégica y la soberanía sobre el Atlántico Sur y Malvinas. Su planteo reclama avanzar más allá de una eventual desactivación técnica y exige definir institucionalmente qué ocurrirá con el radar instalado en territorio fueguino.

El segundo frente fue abierto ante la Cámara de Diputados bonaerense, donde pidió informes e investigación sobre una operatoria por aproximadamente 80 mil millones de pesos. Según la presentación, el Tesoro provincial tomó disponibilidad líquida de AUBASA, proveniente de peajes y cánones, y entregó a cambio bonos y títulos de deuda con vencimientos a mediano y largo plazo.

El reclamo apunta a determinar por qué esos fondos no fueron destinados a bacheo, repavimentación, demarcación y seguridad vial en corredores como la Autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas del Corredor del Atlántico. Zavaleta pidió conocer tasas, plazos de devolución, obras eventualmente demoradas y el grado de intervención que tuvo la Legislatura en la operación.

El anexo técnico presentado advierte además sobre un posible descalce entre obligaciones inmediatas de AUBASA y títulos de vencimiento más largo, con riesgos sobre pagos a contratistas, compra de insumos y ejecución de obras. También plantea eventuales responsabilidades del directorio si se comprobara un perjuicio patrimonial o una afectación del mantenimiento vial, cuestiones que Zavaleta pretende que sean analizadas por los organismos de control y las comisiones legislativas correspondientes.