La Municipalidad de Mercedes anunció con gran difusión la suspensión preventiva de dos agentes municipales, un inspector y un jefe de área, tras una auditoría interna en la Dirección de Catastro y Obras Privadas que, según el comunicado oficial, detectó "maniobras incompatibles con la función pública" y una "celeridad irregular" en la tramitación de expedientes. El documento, difundido en los primeros días de junio, hablaba de un supuesto "compromiso con la transparencia", algo que resulta poco creíble para gran parte de la comunidad. Lo que el Municipio no contó es que la medida tendría un objetivo más preciso: desligarse de una corrupción estructural que atraviesa toda la gestión de Juan Ignacio Ustarroz y que, lejos de ser una novedad, constituye una de las prácticas más denunciadas por los habitantes de la ciudad.

Los dos trabajadores suspendidos, cuyos nombres no trascendieron oficialmente pero que, según fuentes municipales, son militantes de La Cámpora, fueron convertidos en chivos expiatorios de un sistema que, desde hace años, funciona como caja de resonancia de negociados inmobiliarios, sorteos irregulares de viviendas y usurpaciones de terrenos.

La intervención del sector, puesta a cargo de la subsecretaria de Obras Públicas, Mariana Bergerot, y el inicio de un sumario administrativo impulsado por la Dirección General de Asuntos Internos, aparecen como la respuesta institucional que el secretario de Obras Públicas, Luis Ponce (un lacayo de Ustarroz), necesitaba para exhibir una reacción. Sin embargo, la pregunta que persiste entre los damnificados es otra: ¿por qué ahora y por qué únicamente dos empleados de bajo rango?

Para comprender la magnitud de lo que se oculta detrás de la auditoría, hay que remontarse a la gestión de uno de los funcionarios más cercanos a Ustarroz: Javier Guevara, quien se desempeñó como director de Tierras y Hábitat. Guevara, abogado local, debió renunciar a su cargo tras verse involucrado en el megafraude De Gruttola, una estafa piramidal que afectó a cientos de vecinos y que, según denuncias de damnificados, contó con la complicidad de funcionarios municipales, judiciales y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En las presentaciones judiciales, fue señalado como uno de los responsables que facilitó o participó activamente en el esquema, vinculado también a sorteos irregulares de viviendas del FISU.

Guevara no actuó solo. Su paso por Tierras y Hábitat estuvo rodeado de funcionarios que hoy continúan en la administración pública o que, al menos, no fueron investigados por la Justicia ni por los organismos de control internos del Municipio. Entre ellos aparece Esteban Buzzalino, quien reemplazó a Guevara en la conducción del área en enero de 2023 y actualmente ocupa la Subsecretaría de Gobierno, desde donde participa activamente en entregas de lotes, escrituras y procesos de regularización dominial. Buzzalino, junto con el actual director de Tierras y Regulación Dominial, Dr. Agustín Gerardi, son las caras visibles de los programas "Mi Terreno" y la Ley Pierri, los mismos instrumentos que, según numerosos vecinos, han servido para legalizar usurpaciones y beneficiar a allegados camporistas en los sorteos.

La auditoría se concentra en Catastro y Obras Privadas, una dependencia que, si bien es técnicamente distinta de Tierras y Hábitat, opera dentro del mismo ecosistema administrativo: habilitaciones, planos, inspecciones y regularización de construcciones. Es decir, el mismo ámbito donde, de acuerdo con denuncias acumuladas durante años, se desarrollan diversos negociados inmobiliarios. Ustarroz no explicó por qué la auditoría no alcanzó también a Tierras y Regulación Dominial ni por qué no se investigó la continuidad de funcionarios que ocuparon áreas sensibles durante la etapa de Guevara.

Lo que sí hizo fue derivar el expediente a la Justicia Penal, un gesto que pretende mostrar transparencia pero que, en la práctica judicial de Mercedes, suele traducirse en causas que avanzan lentamente o terminan archivadas. Se trata de la misma Justicia que, en el caso De Gruttola, fue denunciada por los propios damnificados por presunto encubrimiento y protección a estafadores.

La selección de los dos suspendidos, ambos vinculados a La Cámpora, tampoco parece casual. En el tablero político local, el kirchnerismo mercedino constituye una fuerza minoritaria pero incómoda para la gestión Ustarroz, que necesita diferenciarse del peronismo duro sin romper completamente con el PJ bonaerense. Convertir a dos militantes de la organización en responsables exclusivos le permite a la intendencia cumplir una doble función: exhibir firmeza frente a la corrupción y, al mismo tiempo, desprenderse de aliados incómodos sin afectar a los funcionarios propios que administran el área desde hace años.

La pregunta que no responde el comunicado municipal es sencilla: si las irregularidades eran tan evidentes como para suspender a dos empleados, ¿por qué no fueron detectadas antes? ¿Por qué la Dirección General de Asuntos Internos no intervino cuando los vecinos denunciaron anomalías vinculadas a tierras durante toda la gestión Ustarroz? ¿Y por qué la intervención quedó bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas en lugar de ser encabezada por un organismo de control externo e independiente?

Mientras tanto, los damnificados del caso De Gruttola siguen sin reparación. Los vecinos que denunciaron usurpaciones de terrenos, sorteos fraudulentos de viviendas y habilitaciones irregulares continúan esperando que la Justicia y ahora también la auditoría municipal avancen sobre los verdaderos responsables. Sin embargo, el esquema parece diseñado para proteger a quienes ocupan los niveles superiores: Guevara renunció y nunca fue condenado; Buzzalino fue ascendido; Gerardi mantiene una dirección clave; y la gestión Ustarroz, a través de Bergerot y Ponce, administra la intervención como si el problema hubiera comenzado y terminado con dos empleados de bajo rango.

La auditoría de Catastro y Obras Privadas no es, entonces, el inicio de una limpieza. Es el capítulo más reciente de una historia en la que la corrupción vinculada a las tierras en Mercedes se recicla durante cada gestión de Ustarroz, donde los responsables políticos se desentienden mediante sumarios administrativos y donde, al final, los únicos que terminan pagando son los perejiles que sobran en el tablero.