Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa la ampliación de las escuelas de jornada completa, crecen las voces críticas dentro del propio sistema educativo que advierten sobre una realidad que consideran cada vez más preocupante: los bajos salarios de docentes y auxiliares, las dificultades económicas para llegar a fin de mes y las dudas sobre la capacidad del Estado para asumir mayores responsabilidades en la formación de los alumnos.

Fuentes vinculadas a la Secretaría de Educación del municipio de General Pueyrredon describieron un escenario que califican como "alarmante". Según señalaron, un docente que recién inicia su carrera percibe alrededor de 650 mil pesos mensuales, mientras que un auxiliar de la educación cobra aproximadamente 550 mil.

Desde esos sectores plantean que los números adquieren otra dimensión cuando se trasladan a la vida cotidiana. A modo de ejemplo, explican que una parte importante de los trabajadores de la educación debe alquilar una vivienda. Si se toma un alquiler de 200 mil mensuales, al que se suman gastos básicos de luz y gas por unos 30 mil e internet y telefonía por otros 40 mil, una porción significativa del salario desaparece antes incluso de contemplar alimentación, transporte o vestimenta.

La situación, sostienen, se agrava cuando aparecen gastos vinculados a la salud. Según indicaron las fuentes consultadas, muchos afiliados al IOMA deben afrontar consultas médicas particulares y medicamentos de su bolsillo. En un escenario hipotético, una consulta médica de 20 mil pesos y un medicamento por un valor similar representarían otros 40 mil adicionales.

El valor social de quienes educan

A partir de esa realidad económica, desde los sectores consultados plantean una pregunta que consideran central para el debate educativo: si los salarios actuales representan una remuneración adecuada para quienes tienen la responsabilidad de cuidar y enseñar a niños y adolescentes durante gran parte de su formación.

"Estamos hablando de las personas a las que las familias les confían lo más importante que tienen, que son sus hijos", señalaron. En ese sentido, consideran que la discusión salarial excede una cuestión gremial y se vincula directamente con la valoración que la sociedad y el Estado otorgan al trabajo docente.

La preocupación no se limita únicamente al aspecto económico. Según remarcan, la pérdida de poder adquisitivo, la necesidad de acumular cargos o desempeñarse en varios establecimientos para completar ingresos y el desgaste profesional terminan impactando también sobre las condiciones generales del sistema educativo.

Mientras tanto, las negociaciones salariales entre los gremios y la administración provincial continúan siendo uno de los principales focos de tensión dentro de la comunidad educativa bonaerense.

La polémica por las escuelas de jornada completa

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es la política impulsada por la provincia para ampliar la cantidad de establecimientos con jornada completa.

De acuerdo con las fuentes consultadas, esta iniciativa implicará que cada vez más alumnos permanezcan alrededor de ocho horas diarias dentro de los establecimientos educativos. Quienes critican esta orientación consideran que el Estado busca asumir un papel creciente en la formación cotidiana de los menores y ponen en discusión si existen las condiciones materiales y humanas necesarias para sostener ese modelo.

En ese contexto, algunos sectores comparan la propuesta con experiencias históricas de fuerte intervención estatal en la educación y cuestionan que se avance hacia una mayor permanencia de los alumnos dentro de las escuelas sin resolver previamente problemas estructurales vinculados a infraestructura, recursos y salarios.

También mencionan experiencias internacionales para respaldar sus reparos. Entre ellas, citan el caso de Francia, donde aseguran que determinados modelos de extensión horaria no habrían alcanzado los resultados esperados y que existirían cuestionamientos relacionados con la convivencia escolar y distintas problemáticas dentro de los establecimientos educativos.

Un debate que excede las aulas

Las críticas reflejan una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la educación, el financiamiento del sistema y las condiciones laborales de quienes trabajan diariamente en las escuelas.

Mientras el gobierno provincial sostiene que la ampliación de la jornada escolar busca fortalecer los aprendizajes y brindar mayores oportunidades educativas, los sectores más críticos advierten que cualquier reforma debería comenzar por mejorar la situación salarial y laboral de docentes y auxiliares.

La controversia, lejos de cerrarse, promete seguir ocupando un lugar central en la agenda educativa bonaerense. En el fondo del debate aparece una pregunta que atraviesa tanto a funcionarios como a trabajadores y familias: qué tipo de educación se quiere construir para las próximas generaciones y con qué recursos humanos y económicos será posible sostenerla.