Una denuncia penal presentada ante la Cámara Federal sacudió el ambiente político porteño al revelar un presunto entramado de corrupción y asociación ilícita en la gestión de la recolección de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El periodista e investigador Fernando Miguéz, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, solicita que se investigue a Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y otros altos funcionarios por “violencia institucional, malversación de fondos públicos y administración fraudulenta agravada”, entre otros delitos.

Según el texto de la denuncia, el escándalo gira en torno a la prórroga irregular de contratos de basura originalmente licitados en 2014, adjudicados primero durante la gestión de Mauricio Macri y luego extendidos hasta el 30 de septiembre de 2030 bajo Larreta y Jorge Macri, sin realizar nuevas compulsa pública alguna.

Los cálculos preliminares indican que, a diciembre de 2024, el costo total asciende a 682.702.390.024 pesos, mientras que la Comuna “testigo” (8), a cargo del Ente de Higiene Urbana, opera con un costo 20 veces menor que las empresas privadas.

“Si la Comuna 8 realiza el mismo servicio por un costo diario de 713 pesos por metro cuadrado, y la Comuna 1 lo hace por 18.801, ¿Dónde está el sobreprecio?”, denuncia el escrito.

La denuncia describe además un presunto “cartel criminal al mejor estilo narco”, compuesto por funcionarios desleales, legisladores cómplices, y directivos de firmas como AESA, CLIBA, Solbayres y Urbasur, que habrían coordinado sobrefacturaciones y desvío de caudales con la complicidad de organismos de control y magistrados “bajo presión” .

Entre los delitos imputados figuran:

• Asociación ilícita** (artículo 210 CPN).
• Malversación de fondos públicos (artículos 260 a 264 CPN).
• Abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario (artículos 248–249 CPN).
• Encubrimiento (artículo 277 CPN).
• Negativa a brindar acceso a la información pública (Ley 104 de CABA y Ley 27.275).

El denunciante solicitó medidas urgentes de prueba: desde el levantamiento de secretos bancarios y fiscales hasta la intervención forense de servidores informáticos, pasando por la preservación digital de expedientes y la citación de funcionarios y legisladores desde 2014 hasta hoy. Además, pide inhibiciones de bienes y que la causa se eleve a juicio público para “garantizar la transparencia”.

Con esta bomba política, el escenario porteño enfrenta ahora un terremoto judicial que podría salpicar al corazón del gobierno de CABA. La pregunta que queda flotando es si la justicia federal dará curso a la denuncia y desenmascarará el supuesto “modus operandi” que, según Miguéz, “ha defraudado a la ciudad con miles de millones a costas de todos los porteños”.