Una serie de fotografías inéditas difundidas por el medio El Archivo colocó en el centro de la escena a Ahmed Farhadi, ex funcionario iraní en Caracas, al documentarlo en reuniones presuntamente vinculadas a operaciones de contrabando de oro desde Venezuela hacia circuitos internacionales. Según la investigación, las imágenes constituirían la primera evidencia visual directa que vincula a un actor estatal iraní con estructuras logísticas ligadas al tráfico del metal precioso extraído del Arco Minero del Orinoco.

De acuerdo al informe, las fotos mostrarían a Farhadi participando en encuentros identificados por fuentes de inteligencia como instancias de coordinación logística, donde se discutirían rutas de transporte, volúmenes de metal y mecanismos de traslado internacional. Aunque oficialmente habría mantenido un perfil técnico vinculado a cooperación energética entre Irán y Venezuela, su presencia en ese tipo de reuniones sugiere un rol más amplio dentro de una estructura paralela.

La investigación sostiene que estas operaciones habrían movilizado cientos de millones de dólares en oro venezolano durante los últimos años, a través de esquemas clandestinos que combinarían extracción ilegal, transporte aéreo y posterior refinación en mercados internacionales. En ese contexto, se plantea que el metal precioso sería blanqueado en refinerías extranjeras y luego reinsertado en circuitos comerciales globales con documentación adulterada.

El esquema señalado describe una cadena compleja: oro extraído en zonas mineras del sur venezolano, traslado mediante vuelos vinculados a redes logísticas internacionales, refinación en terceros países y posterior conversión financiera en divisas. Según reportes citados en la investigación, estos fondos habrían sido direccionados a estructuras vinculadas a organizaciones internacionales sancionadas por Estados Unidos y otros países occidentales.

Las fotografías también se insertan en un marco geopolítico más amplio que involucra la alianza estratégica entre Irán y Venezuela, consolidada durante décadas mediante acuerdos bilaterales en áreas energéticas, comerciales y tecnológicas. Analistas citados en el informe advierten que esa cooperación oficial podría haber servido como cobertura para operaciones paralelas de contrabando, lavado de activos y financiamiento ilícito.

Otro de los nombres mencionados en la investigación es Hasan Izadi, identificado como presunto operador de la Fuerza Quds que habría tenido funciones diplomáticas en la embajada iraní en Caracas. Imágenes previas lo ubican en encuentros con otros agentes iraníes y autoridades venezolanas, lo que refuerza la hipótesis de una red operativa con cobertura institucional.

Del lado venezolano, la investigación apunta a figuras políticas y funcionarios que habrían facilitado infraestructura logística clave, incluyendo rutas aéreas y vínculos administrativos necesarios para el traslado del oro. En particular, se menciona la utilización de redes de transporte y contactos gubernamentales que permitirían evadir controles aduaneros y regulatorios.

El informe también describe la existencia de intermediarios empresariales y operadores financieros que habrían coordinado el flujo del oro y su posterior conversión en dinero, utilizando empresas fachada y sistemas financieros informales. Según documentos citados, reuniones entre operadores iraníes y representantes de estructuras financieras habrían permitido canalizar recursos hacia organizaciones bajo sanción internacional.

En paralelo, la investigación advierte sobre la presunta conexión entre estas operaciones económicas y actividades de seguridad internacional, señalando que el financiamiento ilícito derivado del oro podría estar vinculado a operaciones encubiertas en distintas regiones del mundo. Esta hipótesis se apoya en reportes de inteligencia que vinculan redes financieras clandestinas con estructuras paramilitares y logísticas en Medio Oriente y América Latina.

El caso también reaviva preocupaciones sobre la presencia operativa iraní en Venezuela, que según algunos analistas incluiría estructuras de entrenamiento, cooperación tecnológica y redes diplomáticas utilizadas como plataformas logísticas. En ese marco, se sostiene que la infraestructura estatal venezolana habría sido clave para el funcionamiento sostenido de estas redes durante años.

A nivel regional, la investigación vincula esta trama con antecedentes históricos de actividades de financiamiento ilegal y redes transnacionales en América Latina, incluyendo operaciones de lavado de dinero, tráfico de recursos naturales y vínculos con organizaciones criminales. Especialistas en seguridad hemisférica advierten que la convergencia entre crimen organizado y actores estatales extranjeros podría representar un riesgo estratégico para la estabilidad regional.

Pese a la gravedad de las revelaciones, la respuesta internacional ha sido dispar. Si bien existen sanciones económicas y reportes de inteligencia sobre individuos y entidades vinculadas, distintos gobiernos han mantenido posiciones cautelosas, priorizando relaciones diplomáticas y comerciales en un escenario geopolítico complejo.

Finalmente, la difusión de estas imágenes reabre el debate sobre el rol de América Latina dentro de conflictos globales indirectos, donde recursos estratégicos como el oro, las redes financieras clandestinas y las alianzas geopolíticas se entrelazan en esquemas de alcance transnacional. La investigación concluye que las fotografías no solo documentan encuentros puntuales, sino que refuerzan la hipótesis de una estructura operativa sostenida que conecta minería ilegal, circuitos financieros opacos y tensiones geopolíticas internacionales.