La causa por uno de los episodios de contaminación más graves registrados en Vaca Muerta dio un giro decisivo y llevará a juicio oral a empresarios acusados de generar un daño ambiental de enorme magnitud. La investigación apunta contra directivos de la empresa Comarsa, señalados por el manejo irregular de residuos petroleros durante años.

La decisión fue tomada por la Justicia de Neuquén, que resolvió revocar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, conocido como probation, que había sido otorgado previamente. Con este cambio, los imputados deberán enfrentar un proceso penal completo, en el que se evaluarán sus responsabilidades en la contaminación de un predio de grandes dimensiones.

Según consta en la causa, la empresa habría acumulado durante más de una década unas 300 mil toneladas de residuos peligrosos en al menos 18 hectáreas dentro de un parque industrial. Los desechos, provenientes de la actividad hidrocarburífera, incluían sustancias potencialmente tóxicas y cancerígenas que, de acuerdo a la acusación, fueron depositadas sin el tratamiento adecuado ni las condiciones de seguridad requeridas.

El fallo judicial también cuestionó la viabilidad de la probation al considerar que no garantizaba una reparación efectiva del daño ambiental causado. En ese marco, se remarcó la necesidad de avanzar hacia un juicio oral que permita determinar responsabilidades y eventuales sanciones. Además, en medio del proceso, fue apartado el juez que intervenía en la causa, tras recibir críticas por haber minimizado la gravedad de los hechos investigados.

El caso se perfila como un precedente clave en materia ambiental en la Argentina, ya que podría marcar un antes y un después en la forma en que se juzgan los delitos vinculados a la contaminación derivada de la actividad petrolera. La causa también reaviva el debate sobre los controles estatales y la responsabilidad empresarial en uno de los principales polos energéticos del país.

Con el avance hacia el juicio oral, la atención se concentra ahora en el desarrollo del proceso y en la posibilidad de que, por primera vez, empresarios enfrenten consecuencias penales por un desastre ambiental de esta escala en la región.