Policial y judicial | 22:08
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Arena para Vaca Muerta: reclaman a Frigerio que transparente los controles sobre las areneras de Ibicuy
El planteo apunta a posibles impactos ambientales, el uso de agua subterránea y la necesidad de transparentar los permisos, los volúmenes extraídos y los tributos correspondientes.
El investigador Ignacio Zavaleta presentó un pedido formal al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para que informe qué controles realiza la Provincia sobre las explotaciones de arena silícea en Islas del Ibicuy, cuyo material se utiliza en la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta.
El planteo apunta a posibles impactos ambientales, el uso de agua subterránea y la necesidad de transparentar los permisos, los volúmenes extraídos y los tributos correspondientes.
En su presentación, Zavaleta recordó que la Fundación CAUCE, junto con otra parte actora, promovió un amparo ambiental contra la Provincia, la Municipalidad de Ibicuy e YPF por las acciones y omisiones vinculadas a la planta de lavado y clasificación de arena de El Mangrullo. En ese marco, el expediente judicial 10480 dispuso la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo, cuyo informe final fue puesto a disposición pública en diciembre de 2023. Ahora, el investigador reclama que el gobierno provincial explique qué medidas adoptó a partir de ese trabajo y cómo fiscalizó su cumplimiento.
Entre las principales preocupaciones aparecen los testimonios de vecinos sobre la remoción de dunas y la utilización de agua subterránea para lavar la arena. También se menciona un reportaje publicado el 7 de noviembre de 2026 por el diario alemán taz, en el que el presidente de la cooperativa de agua de Ibicuy, Félix Echenique, advirtió sobre un aumento de hierro y manganeso en el agua cruda y una mayor frecuencia de limpieza de los filtros.
El agrónomo Carlos Cadoppi, por su parte, calificó la situación de "ecocidio". Zavaleta pidió que se publiquen los análisis del agua, los caudales autorizados y los niveles del acuífero para determinar si existe una relación entre la actividad y los cambios denunciados.
Otro de los puntos sensibles es el movimiento económico de la actividad. El documento recoge una denuncia penal que estima una posible evasión de alrededor de 25 millones de euros y compara cerca de 1,5 millones de toneladas declaradas con unos 4 millones que, según la reconstrucción de los denunciantes, habrían llegado a Vaca Muerta.
Se trata de cifras que requieren verificación mediante el cruce de registros de producción, pesajes, documentación de transporte, recepción y pagos. En ese contexto, Zavaleta reclamó a Frigerio que publique, cantera por cantera, cuánto se autorizó extraer, cuánto se declaró, qué se verificó y qué medidas se tomaron ante eventuales incumplimientos. El planteo no cuestiona la producción petrolera en sí misma, sino quién asume los costos ambientales, sociales y viales de una cadena económica millonaria.
