El expediente FMP 12014951/2002 volvió a tomar impulso en abril de 2025 con una resolución del juez federal Inchausti que apunta directamente a las firmas Agustiner y Coomarpes. En ese marco, se ordenó al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires informar si ambas empresas cuentan con Declaración de Impacto Ambiental, certificado de aptitud ambiental y estudios de complejidad ambiental, requisitos obligatorios para operar.

El pedido judicial no se limita a documentación formal. También exige precisar si Agustiner regularizó su inscripción en el Legajo de Establecimiento Generador de Aire y si Coomarpes renovó el suyo, que se encontraba vencido. Estos registros son indispensables para el control estatal de emisiones y su ausencia refuerza el cuadro de irregularidades detectado en el expediente.

Otro de los puntos clave es la falta de adecuación al Sistema de Monitoreo Continuo, establecido por el Decreto 1074/2018. La justicia busca determinar si las plantas están transmitiendo datos en tiempo real sobre sus emisiones, algo que, según surge del expediente, no estaría garantizado. Esta carencia impide verificar con precisión qué gases se liberan y en qué condiciones operan.

A esto se suma un informe técnico de la Policía Federal que admite la imposibilidad de realizar un estudio integral de riesgo e impacto ambiental por falta de personal especializado. Esta limitación deja al descubierto la ausencia de información técnica consolidada dentro del expediente, lo que complica la evaluación del daño ambiental potencial.

La situación se agrava porque, sin Declaración de Impacto Ambiental aprobada, las empresas no habrían declarado oficialmente aspectos centrales de su actividad, como los insumos químicos utilizados, la eficiencia de sus sistemas de tratamiento o el destino final de residuos industriales. Esta falta de trazabilidad impide contrastar lo que ocurre en planta con estándares regulatorios.

En términos legales, operar sin estos avales coloca a las firmas en una situación de incumplimiento administrativo que podría habilitar sanciones como multas diarias o incluso la clausura preventiva. La causa pone en foco no solo la actuación de las empresas, sino también los controles del Estado sobre actividades de alto riesgo ambiental.