En los últimos días, el desgobierno del presidemente Javier Milei avanzó con la autorización para adquirir gas pimienta, el mismo insumo utilizado en operativos de represión contra manifestaciones.

El proceso incluye seis ofertas actualmente en evaluación, todas con montos elevados, y un techo de gasto que podría llegar a 444.995 dólares.

La compra contempla 500 unidades. Si se toma la propuesta más costosa, cada dispositivo alcanzaría los 889 dólares, es decir, más de 1.200.000 pesos por unidad.

Al final parece que sí hay plata, porque este dato expone un nivel de erogación llamativo para un equipamiento de uso represivo en un contexto de ajuste generalizado.

Mientras se habilitan este gastadero de guita irracional, continúan los cuestionamientos por la falta de recursos destinados a políticas sensibles: la ley de financiamiento universitario sigue sin ejecución plena, las jubilaciones están más pisadas que diputada libertaria y los comedores comunitarios no reciben ni un solo bolsón de alimento.

El contraste entre las prioridades presupuestarias queda reflejado en el avance de esta licitación, que pone el foco en insumos para control de protestas en paralelo a restricciones en áreas sociales clave.