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Decisiones cuestionadas

La denuncia que llegó a Necochea apunta a Arce, Carrillo y al manejo de las prórrogas de Terminal Quequén

Pérez Decontardi reclamó establecer eventuales vínculos, intervenciones en deliberaciones y las circunstancias de determinadas designaciones dentro del Consorcio.

Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Necochea pidió investigar decisiones tomadas en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén vinculadas con la continuidad de Terminal Quequén S.A. al frente del elevador de granos de los sitios 4, 5 y 6. La presentación de Enrique Pérez Decontardi alcanza a integrantes actuales y anteriores del Directorio, entre ellos Daniel Arce y Mariano Carrillo.

El escrito plantea como hipótesis posibles delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Sin embargo, la propia denuncia aclara que la mención de los directores no implica afirmar que hayan cometido delitos, algo que deberá determinar la investigación.

Uno de los principales puntos apunta a las prórrogas concedidas a Terminal Quequén después del vencimiento del contrato original, que la presentación ubica en noviembre de 2022. Pérez Decontardi reclama conocer los fundamentos jurídicos, técnicos y económicos de cada extensión, además de las condiciones sobre cánones, inversiones, mantenimiento y eventuales penalidades.

También cuestiona qué ocurrió con una licitación internacional que había sido preparada pero no llegó a concretarse, mientras la compañía continuó operando mediante sucesivas extensiones. La denuncia pide establecer qué decisiones llevaron a postergar el procedimiento.

Sobre Arce, solicita determinar si mantenía algún vínculo ejecutivo, funcional o laboral con Terminal Quequén y si intervino en deliberaciones relacionadas con las prórrogas. Respecto de Carrillo, reclama revisar las circunstancias de su designación como presidente interino del Consorcio.

Finalmente, Pérez Decontardi pidió preservar actas, contratos, informes, correos electrónicos, servidores y documentación vinculada con las concesiones. Será ahora la Fiscalía la encargada de establecer si los hechos denunciados tuvieron relevancia penal y cuál fue la participación concreta de cada involucrado.

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