Lanús vive un deterioro acelerado en materia de seguridad, según denuncian ex integrantes de la antigua Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI).

Durante décadas, estos agentes fueron testigos de las instrucciones políticas que blindaban a punteros y dejaban libres a las villas de emergencia. Hoy, alzando la voz fuera de la sombra municipal, advierten que el vecindario paga el precio más alto.

Los ex patrulleros coinciden en un punto: la orden siempre fue clara y despiadada. No patrullar las villas, garantizar impunidad para quienes marcan territorio y no molestar "a los compañeros". El resultado ha sido zonas liberadas, sin prevención ni respuesta cuando un vecino llama al 911. Esa omisión, dicen, multiplicó la sensación de inseguridad y abrió paso a la ley del más fuerte.

Aseguran además que la llamada "policía ciudadana", promocionada como un refuerzo, está integrada por jóvenes con prontuario. Los mismos que en otro tiempo detuvieron ellos mismos, ahora circulan con chalecos invisibles y la complicidad de la gestión. Entre ellos hay quienes nunca rindieron un examen de idoneidad, y uno de los directores de seguridad arrastra una causa por acoso sin contar con formación policial.

"Los vecinos se quedaron solos", relatan. Los pasillos de la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Sebastián Castillo, están repletos de planes que no salen del papel. No hay corredores seguros, ni cámaras operativas, ni un mapa del delito actualizado que permita a la población reaccionar. Los foros de participación contemplados por la ley provincial 12.154 llevan meses postergados y, al parecer, olvidados.

Quienes trabajaron en el PRI recuerdan con nostalgia otra época. Relatan que cada patrulla contaba con un chofer profesional (registro D4) y dos policías de ambos géneros, que coordinaban operaciones con la Policía Local. Esa logística ágil y alineada con las necesidades del barrio desapareció por razones clientelares, dejando un vacío de autoridad que hoy sufre el vecino de a pie.

Frente a este panorama, los ex agentes proponen un plan de seguridad hecho por y para los ciudadanos: creación de comités vecinales mixtos con comerciantes, ONGs y fuerzas provinciales; implementación de un sistema de denuncias anónimas conectado en tiempo real con los móviles; instalación de lectores de patentes en los accesos al distrito; y un presupuesto específico asignado a tecnología y capacitación, con aportes nacionales y convenios con universidades.

La invitación es clara: si el Estado provincial y municipal no cumplen su palabra, sean los vecinos quienes tomen la iniciativa. Solo organizados y activos podrán revertir el abandono que, hasta ahora, ha dejado a Lanús al filo del desamparo.