La gestión de la intendente de Moreno, Mariel Fernández, enfrenta cuestionamientos tras la adquisición de dos propiedades privadas durante 2023 y 2024.

En ambos casos, el Estado municipal abonó valores superiores a los estimados por el mercado. Las transacciones fueron aprobadas por el bloque oficialista del Concejo Deliberante en 2 instancias, desatando dudas sobre los procesos administrativos y el impacto presupuestario.

Primera adquisición: propiedad en Moreno Centro

El inmueble ubicado en la calle Doctor Vera 235, cercano a la Casa de la Cultura, fue tasado inicialmente en 39.500.000 pesos por el Banco Provincia en febrero de 2023. Sin embargo, la secretaria de Economía, Mariela Bien, ajustó el precio a 43.500.000. A pesar de esta tasación, la transacción sufrió modificaciones posteriores debido a la fluctuación del mercado cambiario y la inflación. En noviembre de 2023, se cerró la compra por 92 millones, más del doble del valor inicial.

3 inmobiliarias locales estimaron que el precio de mercado del inmueble era de entre 80 y 85 mil dólares. La diferencia plantea interrogantes sobre la gestión del municipio, especialmente en un contexto de déficit presupuestario de 824 millones de pesos para 2023. Actualmente, el edificio alberga la Subsecretaría de Educación y oficinas gubernamentales.

Segunda adquisición: inmueble en Cuartel V

La propiedad situada en Ruta 24 esquina Galarza, diseñada por el reconocido arquitecto Claudio Caveri, fue adquirida tras un proceso igualmente controvertido. Inicialmente valuada en $57 millones en febrero de 2023, el valor aumentó a 319 millones de pesos en mayo de 2024, representando un incremento del 460 por ciento frente a una inflación acumulada del 373 en el mismo periodo.

El expediente careció de un proyecto claro sobre el uso del inmueble, lo que incrementó las críticas. Tasaciones privadas situaron su valor entre 200 y 240 mil dólares, evidenciando una disparidad con el monto abonado por el Municipio.

Cuestionamientos y legalidad

Ambas operaciones fueron aprobadas por el HCD con el respaldo del bloque oficialista, pero carecieron de documentación clave al momento de la votación, como certificados de dominio e inhibición. Los expedientes regresaron al recinto en agosto de 2024 para convalidar los nuevos valores ya transferidos, lo que plantea dudas sobre la transparencia y la gestión financiera.

Las adquisiciones realizadas por la gestión de Mariel Fernández resaltan cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de mayor transparencia en los procesos administrativos. En un contexto de crisis económica, estas decisiones reavivan el debate sobre la gestión responsable del patrimonio estatal y el impacto en las arcas municipales.