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Políticas sociales de Mar Chiquita reciben críticas por discrecionalidad y falta de criterios públicos
Denuncias documentadas reclaman explicaciones claras sobre el uso de recursos y bienes municipales.
Mar Chiquita atraviesa un proceso de desgaste institucional marcado por falta de transparencia, cierre político y ausencia de planificación, un escenario que distintos sectores describen como un Estado que no convoca, no emprende y se administra de manera opaca. Lejos de integrar o impulsar el desarrollo local, la gestión municipal aparece cada vez más asociada a prácticas cerradas y autorreferenciales.
ENCUENTRO CON COMPAÑEROS ✌?☀️
— Jorge Alberto Paredi (@ParediJorge) September 15, 2025
En la sede del Partido Justicialista de Santa Clara del Mar junto al intendente Walter Wini y presidente de PJ Carlos Minnucci, mantuvimos un positivo encuentro con vecinos marchiquitenses tras el triunfo. pic.twitter.com/lqnNOPyJgr
La problemática no se limita a percepciones políticas. Informes técnicos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) ubican al Partido de Mar Chiquita entre los distritos con bajos o nulos niveles de transparencia fiscal en la provincia de Buenos Aires. El municipio figura rezagado en acceso a la información pública, rendición de cuentas y claridad presupuestaria, un dato que refuerza cuestionamientos sobre el funcionamiento del Estado local.
En ese marco, distintos actores señalan responsabilidades concretas dentro del Ejecutivo. Marcela Layera, funcionaria con injerencia en procesos administrativos y de contratación, es mencionada por su influencia en decisiones sensibles sin explicaciones públicas claras.
A su vez, la Dirección de Asuntos Legales, a cargo de Sol Yarussi, es cuestionada por la ausencia de dictámenes públicos y posicionamientos institucionales ante procesos observados. En paralelo, la Dirección de Modernización del Estado, conducida por Kiusver Costa Díaz, concentra el control de sistemas informáticos, bases de datos y plataformas de recaudación, sin auditorías externas visibles ni una política activa de datos abiertos.
El esquema se completa con concejales oficialistas que no ejercen control efectivo, organismos que no auditan y una dirigencia política que, según se denuncia, opta por el silencio. El resultado es un Estado donde las decisiones se toman sin información pública suficiente, sin debate real y con controles institucionales debilitados.
Este desgaste quedó expuesto el lunes 12 de enero, cuando el Partido Justicialista de Mar Chiquita convocó a un encuentro político en la Casa del PJ de Santa Clara del Mar, ubicada en Acapulco 110. La convocatoria fue impulsada por Carlos Minnucci, presidente del PJ local, quien llamó a dirigentes y militantes a una reunión informativa sobre la actualidad política.
El encuentro, que contó con la presencia del senador provincial Jorge Paredi y del intendente Walter Wischnivetzky, lejos de mostrar fortaleza política, confirmó la pérdida de capacidad de convocatoria del oficialismo, con baja participación y la presencia de los mismos actores de siempre, sin renovación ni ampliación del espacio.
Más allá de lo partidario, la crisis se refleja en la gestión cotidiana. Mar Chiquita no construye políticas públicas sostenidas para el desarrollo productivo, el empleo o el arraigo de emprendedores. Mientras otros distritos buscan atraer inversiones, el municipio mantiene un modelo recaudatorio y extractivo, con multiplicación de tasas, permisos y trabas, sin una estrategia clara de crecimiento.
El impacto también se evidencia en el territorio. La erosión costera, que afecta a Santa Clara del Mar y Camet Norte, avanza a un ritmo cercano a dos metros por año, según reconocen fuentes oficiales, mientras obras clave permanecen paralizadas entre decisiones judiciales, falta de planificación y responsabilidades cruzadas.
En el plano social, la Secretaría de Desarrollo Social es señalada por un enfoque asistencialista y discrecional. Versiones respaldadas por documentación mencionan entregas de dinero desde el despacho del intendente y la cesión de una vivienda de uso público en el predio ecuestre de Coronel Vidal, hechos que, más allá de su encuadre judicial, requieren explicaciones públicas claras.
La combinación de opacidad, improvisación y cierre político consolida un Estado que pierde credibilidad y se aleja de la ciudadanía. Sin transparencia no hay control, sin control no hay desarrollo, y sin desarrollo el futuro deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Mar Chiquita enfrenta el desafío urgente de volver a convocar, abrir la gestión y gobernar de cara a la gente.
