Policial y judicial | 17:31

Escándalo en la Legislatura

¿Quién pagó los abogados de Chocolate Rigau? Una hipótesis apunta a un senador bonaerense

Fuentes consultadas sostienen que habría existido una estrategia coordinada para que los imputados no declararan sobre niveles políticos superiores. Los abogados del caso registran vínculos laborales con la Cámara de Diputados bonaerense.

Una nueva hipótesis en el caso Julio “Chocolate” Rigau apunta a una presunta maniobra para mantener en silencio a los involucrados y evitar que la investigación llegara a niveles políticos más altos. Según fuentes consultadas, detrás de esa trama aparecería el senador bonaerense Adrián Santarelli.

Santarelli representa a la Tercera Sección Electoral, es dirigente de Lomas de Zamora y sobrino del exjefe de Diputados Osvaldo Mércuri. Además, mantiene vínculos políticos de larga data con el espacio de Martín Insaurralde y Federico Otermín.

Las fuentes sostienen que el legislador habría participado en movimientos políticos ligados al origen del caso y que luego habría recurrido a un integrante de la Sala 1 del Tribunal de Casación para conseguir un estudio jurídico que tomara las defensas de los llamados “chocolatosos”.

La supuesta estrategia consistía en un “código de silencio”: que los imputados no hablaran de niveles superiores, asumieran sus responsabilidades de manera individual y buscaran penas mínimas o en suspenso para evitar juicios orales que ampliaran la causa.

En ese esquema aparece el estudio Gascón Molina, defensor de Rigau, que habría tenido un rol central e incluso podría haber sumado a otros abogados para sostener una misma línea. TN ya había descripto a ese estudio como uno de los ejes de la estructura defensiva.

Los abogados también tienen lazos con la propia Legislatura. Miguel Ángel Molina, que quedó envuelto en un escándalo por dar positivo en un control de alcoholemia y darse a la fuga, figura con aportes de la Cámara de Diputados desde 2021, según REALPOLITIK. LA NACION confirmó que Molina, Alfredo Gascón y su padre tuvieron relaciones laborales con ese cuerpo.

Por ahora, la hipótesis no tiene respaldo en elementos judiciales concretos. Pero reabre una pregunta que sigue sin respuesta: quién pagó las defensas de los involucrados y quién decidió qué abogados debían representarlos.

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