Por Uriel Salomón

Así lo consignó el sitio de periodismo de investigación. Una reciente investigación conjunta de Bellingcat y Lloyd's List sobre el buque Zafar revela solo parte de las operaciones económicas de Rusia en los territorios que ocupo de Ucrania.

El incidente del envío de grano desde Crimea, ocupada en 2014, hacia Yemen, documentado en diciembre de 2024, representa el modelo de explotación sistemática de recursos ucranianos.

Según un informe del Centro de Investigación de la Economía Nacional de Ucrania, la Rusia de Putin estableció una red compleja de empresas fantasma y intermediarios para comercializar productos agrícolas saqueados. Estas operaciones no se limitan al grano; incluyen maquinaria agrícola, infraestructura industrial y otros recursos económicos estratégicos.

Lo que Ucrania denuncia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania documentó más de 500 casos de apropiación ilegal de instalaciones agrícolas en territorios ocupados desde 2022. ¿Cómo lo hacen? Los agricultores locales son frecuentemente obligados a vender su producción a precios muy por debajo del mercado o enfrentan la confiscación directa de sus cosechas.

La estructura operativa desarrollada por Rusia para la extracción de recursos de los territorios ocupados de Ucrania revela un sistema sofisticado de empresas fachada. Según investigaciones del Centro de Investigación de la Economía Nacional de Ucrania se identificaron más de 70 empresas fantasma registradas en jurisdicciones como Chipre, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Estas entidades operan como intermediarias en una cadena de suministro diseñada para ocultar el origen ilícito de los productos agrícolas. Un ejemplo notable es la empresa "Global Grain Trading LLC", registrada en Dubái, que ha sido vinculada con la exportación de más de 400 mil toneladas de grano ucraniano desde puertos ocupados (Black Sea Economic Monitor, 2024).

La apropiación de recursos no se limita al sector agrícola primario. Investigaciones del Instituto de Economía Agraria de Kiev documentan el desmantelamiento y traslado sistemático de instalaciones industriales completas desde las regiones ocupadas hacia territorio ruso.

Entre los casos más significativos se encuentra el traslado de la planta de procesamiento de semillas oleaginosas de Mariupol, valorada en 28 millones de euros, y la requisición de más de 200 cosechadoras John Deere de última generación, con un valor estimado de 100 millones de euros. Los números agregados sugieren que el valor total de la maquinaria agrícola e industrial apropiada supera los 500 millones.

Rusia y una perversa red logística

La red logística establecida para estas operaciones involucra una combinación de rutas terrestres y marítimas. El Eastern European Security Analysis Center identificó tres corredores principales: la ruta del Mar Negro a través de Crimea, el corredor terrestre hacia Rusia a través de Donbas, y la ruta del Mar de Azov desde Mariupol.

Cada una de estas rutas está respaldada por una red de almacenes y centros de distribución estratégicamente ubicados en territorio ocupado. La capacidad de almacenamiento total se estima en más de 2.5 millones de toneladas, lo que permite a Rusia mantener un flujo constante de exportaciones mientras oculta el origen de los productos.

Los mecanismos financieros que facilitan estas operaciones son igualmente complejos. El Financial Intelligence Group documento cómo bancos rusos sancionados utilizan corresponsales en terceros países, particularmente en Asia Central y Oriente Medio, para procesar pagos relacionados con estas exportaciones.

Las transacciones frecuentemente se estructuran a través de múltiples capas de empresas intermediarias y se liquidan en monedas alternativas al dólar estadounidense para evadir la detección. Se estima que el volumen anual de estas transacciones financieras supera los 3 mil millones de dólares, generando una significativa fuente de ingresos para sostener la ocupación.

La "zona gris"

La investigación del caso Zafar demuestra cómo Rusia utiliza tácticas de "zona gris" en el transporte marítimo, como el apagado deliberado del sistema AIS para ocultar sus movimientos. Esta práctica, según expertos en derecho marítimo internacional, viola los protocolos de seguridad marítima establecidos por la Organización Marítima Internacional.

El patrón de exportación hacia países como Yemen, Siria e Irán sugiere una estrategia deliberada de Rusia para fortalecer lazos económicos con naciones que enfrentan sanciones internacionales o crisis humanitarias. Según el Carnegie Endowment for International Peace, esto crea una red de dependencia económica que refuerza la posición geopolítica rusa.

Los análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos indican que estas operaciones generan aproximadamente mil millones de dólares anuales en ingresos para el régimen ruso, recursos que se reinvierten parcialmente en el esfuerzo bélico contra Ucrania. Esta "economía de ocupación" se convirtió en un pilar fundamental para sostener las operaciones militares rusas.

Las implicaciones humanitarias son particularmente preocupantes en el caso de Yemen. Mientras el país enfrenta una crisis alimentaria severa en medio de una brual guerra civil, la llegada de grano potencialmente robado crea un dilema ético para las organizaciones humanitarias internacionales.

El UNVIM, organismo de Naciones Unidas que realiza inspecciones a los buques que llegan a los puertos del Yemen. se encuentra en una posición comprometida al tener que equilibrar las necesidades humanitarias urgentes con la legalidad de los envíos.

Limitada intervención internacional

La respuesta internacional es fragmentada. Mientras que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea impuso sanciones específicas sobre puertos como Sevastopol, la ausencia de sanciones de la ONU limita la capacidad de acción internacional. Esta división en la respuesta internacional fue explotada hábilmente por Rusia para mantener sus operaciones.

El caso también ilustra las conexiones más amplias entre el comercio ilícito y el conflicto armado. Los reportes del Financial Times sobre mercenarios yemeníes en Ucrania, aunque no directamente vinculados con los envíos de grano, sugieren un patrón más amplio de relaciones entre Rusia y actores no estatales en zonas de conflicto.

Las proyecciones del Wilson Center sugieren que este modelo de explotación económica podría extenderse a otros territorios si no se implementan medidas internacionales más efectivas. La comunidad internacional enfrenta el desafío de desarrollar mecanismos más robustos para prevenir el comercio de recursos apropiados ilegalmente, especialmente en situaciones de conflicto armado.