El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOyEM) de Paraná (provincia de Entre Ríos) vuelve a estar en el centro de la polémica tras nuevas denuncias que vinculan a su cúpula dirigencial con estafas, desmanejos financieros y un presunto esquema ilegal de préstamos.

Fabricio Gómez, secretario general del gremio, junto a su titular de Finanzas, Jesús Núñez, están en la mira por irregularidades que comprometen a la organización y a la gestión municipal encabezada por la intendente Rosario Romero.

De la estafa a los préstamos sindicales

Gómez y Fernando García, dirigentes del SUOyEM, ya fueron investigados por la justicia por el delito de estafas, alcanzando un acuerdo con un fiscal para devolver 16 millones de pesos sustraídos a los empleados municipales.

Sin embargo, según las denuncias, esos fondos fueron reintegrados por una ventanilla del sindicato y posteriormente devueltos por otra en una maniobra que despertó sospechas sobre el rol de la justicia entrerriana en la causa.

Ahora, según trascendidos, el gremio ha incursionado en el negocio de los préstamos, con códigos de descuento denominados "694 para préstamos" y "695 para ayuda económica". Bajo este esquema, el sindicato otorga créditos a los afiliados con intereses desproporcionados, cobrando cuotas que superan ampliamente los montos prestados.

Por ejemplo, por un préstamo de 100 mil pesos, los trabajadores deben devolver en seis cuotas un total de 228 mil. Esta operatoria no está regulada por la ex Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni se encuentra registrada como actividad permitida para un sindicato, ya que dicho tipo de financiamiento es exclusivo de mutuales o entidades habilitadas.

Complicidad municipal y manejo discrecional de recursos

Las denuncias también alcanzan a la intendente Rosario Romero, a quien se acusa de sostener a la dirigencia gremial en su estructura de poder. Según fuentes locales, el SUOyEM actúa como una herramienta de control sobre los empleados municipales, garantizando a la gestión municipal un caudal de entre 500 y 700 votos cautivos.

En distintas dependencias clave del Municipio, el sindicato habría ubicado directores afines para manejar fondos y negocios paralelos. En la dirección de tránsito municipal, por ejemplo, el gremio manejaría las horas extras, los servicios a terceros, la emisión de carnets de conducir presuntamente irregulares y las coimas a empresas de remises.

En la Unidad Municipal Tres, por otro lado, el sindicato estaría vinculado a la sustracción de combustible y repuestos vehiculares, además de un supuesto negociado con el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna.

Una investigación judicial con trabas y derivaciones a Comodoro Py

El escándalo del SUOyEM es inédito en la historia sindical de Entre Ríos. Es la primera vez que los propios afiliados llevan a la justicia a una comisión directiva de un gremio. A pesar de la magnitud de las denuncias, la segunda causa penal fue derivada a la Corte Suprema de Justicia, mientras que el fiscal Gonzalo Badano remitió la investigación a los tribunales de Comodoro Py, evitando abrirla en el ámbito local.

Según las críticas, la falta de acción judicial responde a que, de avanzar la causa, los dirigentes involucrados podrían enfrentar prisión e incluso la intervención del sindicato. Mientras tanto, el gremio sigue operando con total normalidad y sin esclarecer el destino de los fondos devueltos.

El caso SUOyEM continúa generando indignación entre los trabajadores municipales de Paraná, quienes exigen transparencia y respuestas ante un entramado de corrupción que, lejos de desactivarse, parece expandirse con nuevos negocios y mecanismos de control sobre los empleados del Municipio.