En el municipio de San Antonio de Areco, el intendente Francisco Ratto firmó al menos una decena de decretos para crear, modificar y establecer bonificaciones salariales destinadas a su planta política. Uno de ellos, el Decreto Municipal número 421 del 16 de abril de este año, dispuso que el secretario de Jefatura de Gabinete, Miguel Amadeo, perciba dos adicionales mensuales del 50 por ciento sobre su sueldo básico: uno denominado “Productividad” y otro “Dedicación Funcionario”. En conjunto, equivalen a duplicar el haber del cargo.

El dato no surge de una planilla salarial filtrada ni de un portal de transparencia accesible. Fue reconstruido a través de la lectura de decenas de Boletines Oficiales, decretos que modifican otros decretos y normas publicadas a lo largo de toda la gestión de Ratto. El Decreto 421 no solo reincorporó a Amadeo a su cargo tras una licencia, sino que reestableció ambas bonificaciones de manera automática, sin evaluación previa ni indicadores públicos de desempeño.

La Ley Provincial 14.656, que regula el Régimen de Empleo Municipal en la provincia de Buenos Aires, es taxativa: excluye explícitamente a los funcionarios políticos, entre ellos los secretarios municipales, del régimen general de empleo municipal y de la negociación colectiva. Su artículo 47 determina que quedan por fuera del régimen marco de estabilidad y beneficios salariales el intendente, los secretarios del Departamento Ejecutivo y el resto del personal de designación política.

Ante esa prohibición legal, Ratto no utilizó los beneficios de la paritaria municipal: inventó los suyos propios. A través de decretos discrecionales firmados por el Departamento Ejecutivo, creó figuras salariales específicas para la planta política como “Productividad”, “Dedicación Funcionario”, “Responsabilidad en el Cargo” y “Actividad Crítica”. Es decir, donde la ley provincial cerró la puerta, el intendente abrió una ventana administrativa paralela para beneficiar a sus funcionarios de confianza.

El problema no es menor. La bonificación por “Productividad” que percibe Amadeo no tiene objetivos definidos, evaluador identificado, indicadores públicos ni mecanismo de control. El decreto simplemente dispone que se pague. Y se paga mes a mes, de manera estable, como si fuera parte del sueldo. No es un premio por resultados: es un haber camuflado.

Mientras Ratto autoriza por decreto estos adicionales para su equipo, mantiene una política salarial restrictiva para los trabajadores municipales. Y lo hace desde la distancia: desde que asumió en 2019, el intendente nunca participó de una reunión paritaria. Delegó sistemáticamente esa responsabilidad en Amadeo, un funcionario designado, sin mandato electoral y sin legitimidad directa para definir los salarios de cientos de empleados.

En diciembre de 2025, Amadeo defendió un aumento del 3 por ciento no remunerativo y rechazó un bono de entre 70.000 y 100.000 pesos para las categorías más bajas. “Este año esa posibilidad la vemos muy lejana porque nuestra prioridad siempre es poder garantizar el pago de los aguinaldos”, dijo. En febrero, el municipio ofreció un 4 por ciento remunerativo. En julio, la propuesta fue del 2 por ciento remunerativo, aceptado por UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales, pero rechazado por ATE.

La pregunta que emerge es directa: ¿cómo justifica el intendente que su funcionario de confianza cobre un 100 por ciento extra en bonificaciones sin evaluación, mientras el Ejecutivo que él conduce ofrece aumentos de un dígito a quienes mantienen los servicios públicos?

El sistema de bonificaciones creado por Ratto no pasó desapercibido para los organismos de control. El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense sostiene históricamente que los funcionarios políticos ya cuentan con una dedicación exclusiva y una responsabilidad inherente contempladas en su remuneración básica y en los gastos de representación. Por eso, ha observado en distintas oportunidades el pago de pluses y bonificaciones adicionales a autoridades superiores.

El Fallo número 798/2025, correspondiente a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024, aprobó la rendición municipal, pero dejó asentadas observaciones y aplicó multas económicas a autoridades responsables de la administración contable. En enero de este año, el Tribunal emitió un nuevo informe que expuso irregularidades administrativas y financieras, incluyendo deficiencias contables, falta de controles patrimoniales y la ejecución de partidas globales por más de 585 millones de pesos consideradas irregulares.

A mediados de la segunda gestión del intendente Ratto, la opacidad en los salarios políticos y las observaciones del Tribunal de Cuentas ya no pueden excusarse en la inexperiencia ni en la herencia de gobiernos anteriores.

Un pedido formal de acceso a la información pública solicitó al municipio la norma que regula la bonificación por “Productividad” de los funcionarios políticos, quién evalúa su cumplimiento, qué parámetros objetivos se aplican y quiénes la perciben. Hasta el momento, solo hubo una respuesta informal de traslado. Nada más.

En un municipio con portal de transparencia y Boletín Oficial, descubrir cómo se componen los sueldos de los funcionarios de mayor rango exige formación jurídica y tiempo para rastrear decretos cruzados. La información, en la práctica, sigue siendo inaccesible.

Mientras tanto, en San Antonio de Areco la pregunta ya no es solo cuánto cobra un funcionario, sino cómo se justifica un sistema de bonificaciones discrecionales creado por decreto, al margen de la ley provincial, sin evaluación pública ni criterios objetivos. El mismo Ejecutivo que niega recomposiciones salariales a los trabajadores municipales por “limitaciones presupuestarias” diseñó reglas a medida para su equipo y se ausentó de la mesa de discusión del resto. Los decretos prueban que la bonificación existe. Lo que todavía no muestran, y el intendente no explica, es cómo se gana.