El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de profunda controversia. Mientras el Gobierno provincial oficializó una actualización en los montos destinados al Servicio Alimentario Escolar a partir de mayo de 2026, los municipios y la comunidad educativa alzan la voz por un presunto recorte del 30 por ciento en el personal auxiliar y la imposición de nuevas normativas en jardines maternales que no cuentan con respaldo presupuestario.

A través de una comunicación oficial dirigida a los Consejos Escolares y a los municipios en su rol de entes ejecutores, se confirmaron los nuevos valores diarios por cupo que rigen desde el primer día del mes de mayo de 2026. Según el documento, la prestación de Desayuno-Merienda pasará a 622 pesos, mientras que la del Comedor se fijó en 1285 pesos.

Para aquellos alumnos que requieran un menú adaptado a patologías, los montos ascienden a 897 pesos para el desayuno o merienda y 1466 pesos para el almuerzo. Asimismo, la modalidad de entrega Listo Consumo quedó establecida en 1242 pesos para la primera prestación y 2173 pesos para el comedor.

Sin embargo, esta actualización económica contrasta con la realidad operativa de las instituciones. Diversos sectores han denunciado que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a cargo de Flavia Terigi, aplicó durante este año un severo recorte en la plantilla de auxiliares escolares.

La medida, que alcanzaría una reducción del 30 por ciento del personal, impacta de manera directa en la higiene, el mantenimiento y, fundamentalmente, en la preparación de los alimentos. Directivos y gremios advierten que, en muchos establecimientos, un solo trabajador debe realizar las tareas que antes correspondían a dos o tres, resintiendo el funcionamiento diario.

El panorama se agrava al analizar la ejecución del Servicio Alimentario Escolar en distritos clave. En Mar del Plata, por ejemplo, el sistema asiste a unos 60 mil estudiantes y administra fondos por aproximadamente 12 mil millones de pesos. Pese a la magnitud de la inversión, las quejas por demoras administrativas, problemas en la distribución de la mercadería y falta de planificación son moneda corriente, exponiendo irregularidades en la gestión de un recurso vital en un contexto social delicado.

A este escenario de ajuste laboral y deficiencias logísticas se suma una nueva directiva provincial que ha puesto en jaque a los Consejos Escolares. A través de lineamientos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se ordenó una reestructuración del servicio alimentario en los jardines maternales y salas de 1 y 2 años.

La normativa prohíbe expresamente el uso de la modalidad Listo Consumo y viandas en este nivel, e impone un protocolo nutricional sumamente estricto que exige la aprobación previa de los menús e incluye restricciones sobre el uso de leche de vaca en menores de un año, alimentos ultraprocesados, fiambres, gaseosas y papillas industrializadas.

El principal punto de conflicto radica en que estas exigencias bromatológicas y nutricionales no vinieron acompañadas de una ampliación presupuestaria. Los documentos oficiales instan a los distritos a financiar estos menús de alta complejidad mediante la utilización de cupos disponibles no ejecutados o redistribuyendo los sobrantes de otras instituciones educativas.

Para las autoridades locales, la situación es insostenible. Los entes ejecutores reclaman que es imposible cumplir con los elevados estándares que demanda la bimodalidad y la nueva alimentación infantil sin la inyección de fondos extra, la mejora de la infraestructura de las cocinas y, sobre todo, la restitución del personal auxiliar necesario para elaborar diariamente estas dietas específicas.

Mientras las resoluciones avanzan desde los despachos provinciales, en el territorio los municipios advierten que deben hacer magia para sostener el sistema sin los recursos correspondientes.