Un violento enfrentamiento entre vecinos ocurrido en el barrio Ameghino de la ciudad de Luján derivó en una investigación judicial que expone no solo un episodio de abuso de armas y lesiones graves, sino también un presunto circuito de venta de drogas y amenazas posteriores.

El expediente judicial PP-09-01-001357-26/00, tramitado en la Unidad Funcional de Instrucción 9, tiene como principal imputado a Carlos Alberto Salas por los delitos de abuso de armas agravado, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lesiones agravadas.

Según surge de una declaración testimonial incorporada al expediente el 9 de marzo de 2026, el conflicto comenzó por la mañana cuando familiares de una mujer identificada como Marcia cortaron la calle Darwin para realizar una fiesta barrial.

De acuerdo con el testimonio del obrero paraguayo Moisés Balmaceda Bogado, de 27 años, los vecinos habrían ocupado la cuadra con parlantes, un pelotero y otros elementos, impidiendo incluso que su familia pudiera ingresar a su propia vivienda. Tras varias horas fuera del lugar, el conflicto escaló al regresar por la tarde y encontrar a los organizadores utilizando el frente de su casa para continuar la celebración.

El testigo aseguró que, tras una discusión, llegó al lugar un hombre apodado “el Rubio”, identificado como Carlos, marido de Marcia, quien descendió de una camioneta y, junto a otras personas, comenzó a arrojar piedras. Según su relato ante la fiscalía, el hombre ingresó luego a su vivienda, salió con un revólver calibre 38 y comenzó a disparar contra los presentes.

Producto de los disparos, su hermano Derlis Balmaceda Bogado sufrió una fractura en la pierna izquierda y debió quedar internado, mientras que el propio testigo recibió un balazo en la pierna derecha y una herida en la cabeza.

La declaración también señala que, tras el ataque, comenzaron a circular amenazas contra la familia a través de redes sociales y mensajes directos, con advertencias como "esto no va a quedar así" y "cuando nos descuidemos los vamos a matar a todos". En paralelo, el testigo aseguró que en el barrio existiría una estructura organizada vinculada al presunto narcomenudeo, con cámaras instaladas en postes de luz, personas que vigilarían el ingreso y salida de la zona y supuestos "soldaditos" que controlan el movimiento del lugar.

El expediente incorpora además denuncias sobre posibles irregularidades, ya que el testigo afirmó haber observado en el pasado la presencia de un individuo vestido de policía que habría ingresado a la vivienda investigada y salido con una bolsa que presuntamente contenía dinero.

También sostuvo que, según su conocimiento, el domicilio ya habría sido allanado entre 4 y 5 veces y que en algunas ocasiones patrulleros pasaban tocando sirena antes de los operativos, lo que (según su sospecha) permitiría advertir a los ocupantes para que se retiren.

La causa continúa en investigación y la fiscalía analiza tanto las responsabilidades penales por el ataque armado como las posibles conexiones con la presunta comercialización de drogas en el barrio. Mientras tanto, las víctimas aseguran que temen regresar a sus casas tras las amenazas recibidas y reclaman mayor presencia policial en la zona.