El medio RealPolitik, citado en la columna de Fernando López Duhour, señaló que el municipio de Vicente Lopez contrató a la firma Jorge Newbery SRL por 69.654.000 de pesos para servicios de vigilancia, mediante el Decreto 921/24. Según ese informe, el Tribunal de Cuentas bonaerense observó 37.677.050 de pesos del monto pagado por deficiencias en la documentación de respaldo, como la falta de detalle del personal asignado y de los lugares de prestación. La empresa tiene antecedentes de sanción en 2011 y de cancelación de habilitación en 2016, según el mismo informe.

Sobre la seguridad, la intendente Soledad Martínez defendió su modelo en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante del 4 de marzo de 2026 y reclamó más transferencias provinciales. La diputada bonaerense Sofía Vannelli, del Frente Renovador, respondió que en 2025 Vicente López recibió más de 1.600 millones de pesos de la Provincia, de los cuales más de 1.200 millones correspondían a seguridad.

En salud, según denuncias de la oposición, cuatro de las 18 Unidades de Atención Primaria de la Salud habrían cerrado y otras habrían reducido prestaciones y personal. El concejal Roberto Pace cuestionó la situación de la unidad Marzano y dijo que no obtuvo respuesta a pedidos de informes. La intendenta afirmó que no redujo el presupuesto destinado a salud, educación ni seguridad, pese a la caída de ingresos.

El Transporte Bicentenario, que era gratuito y conectaba sectores del distrito con el CRAMA, quedó suspendido desde el 26 de enero de 2026. El municipio argumentó escaso uso y costo elevado. Desde la oposición y vecinos se cuestionó la pérdida del servicio y la situación laboral de las conductoras.

En diciembre de 2025, el Concejo Deliberante aprobó la prórroga por treinta años del uso de un predio ribereño de unas 2,5 hectáreas en La Lucila a favor de la Asociación Escuelas Lincoln, que pagará 4,5 millones de dólares en ese período. Vecinos y organizaciones ambientalistas reclamaron que el espacio sea de uso público, y consideran insuficiente el monto.

Por último, la concejal Laura Braiza cuestionó el programa de regularización de planos bajo la Ordenanza 38.753/2025, y dijo que podría beneficiar a desarrollos inmobiliarios de mayor escala. El municipio sostiene que el régimen excluye obras en ejecución y situaciones con clausuras previas.