Política | 18:03

Pista clave

Tras la exposición pública de Florencia, una persona aportó datos que permitieron localizar en San Luis al padre acusado de abuso

Con esa información, la Policía Federal detuvo a Jorge Osmar Montes de Oca después de más de una década de búsqueda.

Florencia Montes de Oca lleva 17 años reclamando una respuesta judicial por los abusos sexuales que denunció haber sufrido durante su infancia. Tenía 14 años cuando decidió contarle a su madre lo sucedido, hechos que, según su testimonio, ocurrieron entre los 6 y los 12 años. En febrero de 2009, su familia presentó la denuncia y comenzó un recorrido judicial que todavía no tiene una resolución definitiva.

Hoy, ya adulta, decidió volver a hacer pública su historia para exigir que se revise su caso. El expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que deberá determinar si las resoluciones anteriores dejaron de aplicar normas internacionales destinadas a proteger los derechos de niñas víctimas de violencia sexual.

Su principal reclamo es que el tiempo transcurrido no le impida acceder a un juicio.

“No soy un expediente. No soy un número. Soy una persona con una historia, con mi historia y con una lucha que espero que sea escuchada”, expresó en un mensaje público, en el que relató los años de espera, el dolor y las dificultades que atravesó para obtener una respuesta.

Una denuncia, más de 13 años prófugo y cuatro días detenido

En 2009, Florencia denunció a su progenitor, Jorge Osmar Montes de Oca, quien fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional, pero permaneció prófugo durante más de 13 años.

Según relató la familia, el hombre se fue después de la denuncia y no pudo ser localizado durante más de una década. La búsqueda tuvo un avance significativo cuando Florencia decidió contar públicamente su historia a través de un medio de comunicación.

Después de esa exposición, una persona se contactó con ella y le brindó información sobre el lugar donde el acusado residía en la provincia de San Luis. Florencia y sus abogados presentaron los datos ante las autoridades y reclamaron que se realizaran las medidas necesarias para encontrarlo.

Finalmente, el hombre fue detenido por la Policía Federal en la vía pública. Sin embargo, permaneció privado de su libertad apenas cuatro días, ya que recuperó la libertad luego de que su defensa presentara un hábeas corpus y argumentara que la acción penal estaba prescripta.

Para Florencia, ese desenlace profundizó el sentimiento de desamparo que, según manifestó, la acompaña desde hace años.

“Yo no fui quien se fugó. No fui quien debía ejecutar una orden de captura. No fui quien tenía la responsabilidad de encontrarlo. Yo denuncié, yo cumplí, yo esperé”, sostuvo.

El juzgado de primera instancia declaró extinguida la acción penal por prescripción. La decisión fue ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata el 18 de diciembre de 2024.

Posteriormente, la querella intentó llevar sus planteos ante el Tribunal de Casación Penal, aunque inicialmente encontró nuevos obstáculos procesales. Finalmente, el 6 de octubre de 2026, la Sala III de Casación declaró parcialmente admisible un recurso extraordinario y habilitó que el caso llegara a la Suprema Corte bonaerense.

Qué deberá analizar la Suprema Corte

El máximo tribunal provincial deberá examinar si las decisiones anteriores omitieron aplicar normas internacionales de jerarquía constitucional vinculadas con la protección de niñas víctimas de violencia sexual. Entre ellas se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará.

La admisión parcial del recurso no implica que el acusado haya sido condenado ni que la prescripción haya quedado sin efecto. La Corte deberá resolver las cuestiones jurídicas planteadas y determinar qué consecuencias tendrán para el expediente.

La representación de Florencia cuestiona que el paso del tiempo se haya considerado sin ponderar suficientemente el contexto de violencia intrafamiliar, la relación de poder entre padre e hija y las demoras en la localización del imputado.

Además, reclama que se examine la posible responsabilidad del Estado por los años durante los cuales no se logró encontrar al hombre, pese a que existía una orden de captura en su contra.

“El abuso no termina cuando termina la agresión”

En su mensaje, Florencia explicó que las consecuencias de los hechos que denunció no quedaron atrás con el paso de los años. Según contó, continúa con tratamiento psicológico y convive con ansiedad, temores y heridas emocionales que todavía intenta sanar.

“El daño que me hicieron no quedó en mi infancia. Me acompaña hasta el día de hoy”, manifestó.

También recordó el esfuerzo que implicó poner en palabras lo sucedido y atravesar las distintas instancias del proceso judicial, incluidas las pericias psicológicas y la Cámara Gesell.

Su reclamo, sin embargo, no se limita a su situación personal. Florencia espera que su historia contribuya a que otras víctimas de abuso sexual infantil encuentren acompañamiento y protección cuando deciden denunciar, sin perder la confianza en las instituciones.

“¿De qué sirve pedirle a una víctima que sea valiente, que rompa el silencio, que reviva su peor dolor frente a desconocidos, si después no le garantizan protección ni una respuesta judicial?”, planteó.

En ese sentido, remarcó que no todas las víctimas pueden hablar inmediatamente después de atravesar una situación traumática y sostuvo que el tiempo que necesitan para contar lo ocurrido no debería transformarse, por sí solo, en un impedimento para acceder a la Justicia.

El pedido a los jueces: que no se cierre la posibilidad de un juicio

El mensaje de Florencia está dirigido especialmente a los integrantes de la Suprema Corte bonaerense que deberán analizar el expediente. Les pidió que contemplen la dimensión humana de su historia y que no reduzcan el caso a una discusión sobre fechas, plazos y artículos legales.

“No les estoy pidiendo que condenen a alguien sin un juicio. Les estoy pidiendo que no me quiten la posibilidad de tenerlo”, expresó.

Y agregó: “Yo nunca pedí venganza. Siempre pedí justicia”.

La joven también destacó que, pese a las frustraciones acumuladas, eligió continuar sus reclamos por las vías legales. Insistió ante las autoridades y buscó ayuda para localizar al hombre denunciado, incluso durante los años en los que no obtenía las respuestas que esperaba.

Su pedido no apunta a conseguir una condena anticipada, sino a que se revise la decisión que impidió avanzar hacia un debate judicial en el que puedan examinarse las pruebas y las responsabilidades correspondientes.

Florencia cerró su mensaje con una frase que resume el sentido de su lucha: “Las víctimas no tenemos fecha de vencimiento. Nuestros derechos tampoco deberían tenerla”.

Mientras aguarda una resolución de la Suprema Corte bonaerense, busca que su historia vuelva a ser escuchada y que los años transcurridos no clausuren definitivamente la posibilidad de obtener una respuesta judicial.

“Para la Justicia pasaron los años, pero el daño que sufrí no prescribió”, afirmó.

Después de 17 años, su reclamo sigue siendo el mismo: que se escuche su testimonio, que se analice lo ocurrido y que la discusión sobre la prescripción no cierre definitivamente las puertas de un juicio.

“No quiero privilegios. No quiero lástima. Quiero justicia”, concluyó.

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