El bloque de Fuerza Patria de Nueve de Julio presentó un pedido de informes para conocer las condiciones de habilitación, seguridad y funcionamiento de la granja “Hasta el Último Día”, ubicada en Primera Junta 3100. La iniciativa, ingresada el 20 de octubre, solicita que el Departamento Ejecutivo municipal responda en un plazo de diez días hábiles.

La concejal Nancy Grizutti explicó en Temprano para Todo, por Supernova 97.9, que el reclamo surgió a partir de una presentación vecinal del 6 de octubre. Los residentes manifestaron inquietudes por situaciones ocurridas en las inmediaciones del establecimiento y por la circulación de pacientes sin acompañamiento.

El proyecto exige conocer si el lugar cuenta con habilitación municipal, controles de seguridad, inspecciones y certificado de Bomberos. También solicita información sobre posibles convenios o aportes públicos, cantidad de residentes, protocolos de salida e intervenciones policiales o sanitarias durante los últimos seis meses.

Además, pide consultar al Ministerio de Salud bonaerense y a la SEDRONAR sobre el registro del establecimiento. La iniciativa invoca la Ley Nacional de Salud Mental para reclamar condiciones adecuadas de atención y supervisión.

“Saber todo esto es necesario para tranquilidad de los vecinos”, sostuvo Grizutti, quien contó que mantuvo una reunión con el subsecretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán. La edil también aclaró que es falsa la versión sobre un supuesto asentamiento de familiares de pacientes en los alrededores.

Respecto de un robo de un automóvil posteriormente recuperado por la Policía, Grizutti afirmó que Beltrán le confirmó que el hecho fue atribuido a una persona alojada en el centro. La atribución mencionada por la concejal no constituye una determinación judicial de responsabilidad.

Finalmente, la dirigente defendió la necesidad de contar con establecimientos de estas características, pero insistió en conocer sus condiciones de funcionamiento. El objetivo, explicó, es distinguir los hechos comprobados de los rumores y garantizar tanto la tranquilidad vecinal como los derechos de las personas que reciben tratamiento.