En las últimas horas, un nuevo giro en un expediente que se tramita ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata encendió la alarma entre los abogados defensores y reavivó las críticas contra el accionar judicial.

Según el documento oficial del 3 de diciembre de 2025, el Tribunal ordenó la remisión de antecedentes al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata para que se inicie un procedimiento disciplinario y sancionatorio, tras una presentación del Ministerio Público Fiscal y la adhesión de la defensa del imputado Juan Ignacio Camaño.

La decisión generó malestar inmediato entre los letrados señalados, quienes denunciaron una supuesta persecución y acusaron al juez de incurrir en una evidente falta de imparcialidad. "Aquí se comprueban los dichos de la nota. La persecución a mis abogados está lanzada. Ahora el Colegio de Abogados deberá obligar al juzgado a presentar la prueba que dice tener y no presenta. Si defiende, debe ser imparcial. Que se acabe la impunidad de la justicia corrupta", expresó uno de los involucrados.

A esta polémica se sumaron audios provenientes de fuentes anónimas que aportan más tensión al cuadro. En uno de ellos, se afirma que el juez "nuevamente demuestra inseguridad jurídica" al cambiar de posición sobre la intervención del Colegio de Abogados.

Según describen, el magistrado habría asegurado inicialmente que no tomaría ninguna medida contra los profesionales, pero luego se plegó a un pedido del fiscal y de los abogados de los imputados. "El juez va para un lado, va para el otro. Dijo que no y después dijo que sí", afirma la grabación.

Otro de los mensajes revela que la defensa considera que el camino tomado por el Tribunal fue incorrecto desde el punto de vista procesal. Según explican, tanto el fiscal como la defensa presentaron escritos que, lejos de señalar incumplimientos concretos, solo expresarían molestias o "ofensas". Pese a eso, el juez decidió remitir las actuaciones al Colegio.

"Lo que debía haber hecho era indicar que siguieran la vía procesal correspondiente. No era él quien debía mandar nada, o al menos debía fundamentarlo. Su decisión anterior estaba firme y ahora la modifica sin sustento", se escucha en uno de los audios.

Los abogados también apuntan a que la remisión se basa en supuestas conductas éticas impropias, pero sin exhibir ninguna prueba documental incorporada al expediente. "Las normas de ética dicen que los abogados nos debemos a nuestros clientes y que debemos evitar situaciones que vulneren el debido proceso. Y acá no hay documentación, no hay nada en el expediente. Así que nos veremos en el Colegio de Abogados", expresa otra de las voces.

La controversia deja al rojo vivo un proceso que, lejos de avanzar con claridad, parece quedar atrapado entre denuncias cruzadas, acusaciones de parcialidad y un marcado clima de desconfianza hacia la actuación judicial.

Por ahora, el Colegio de Abogados deberá evaluar la presentación, mientras la defensa insiste en que el juzgado debe exhibir la prueba que sostiene tener. La causa promete más capítulos, en un escenario donde lo jurídico y lo político se cruzan en cada movimiento.