El planteo de los referentes de la industria pesquera argentina se basa en tres cuestiones fundamentales. En primer término, en materia de ingresos impositivos el programa económico presentado hace unos días por el Presidente de la nación, Javier Milei, no sólo no prevé para 2025 una quita, reducción o eliminación de las retenciones, sino que, por el contrario, se planea recaudar por un 100,4 por ciento más en concepto de derechos de exportación.

En segundo lugar, existe un secreto a voces en los pasillos de Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía que reconoce que se está preparando un incremento en los cánones de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), siendo este un mecanismo que le cobra a las empresas por la extracción de los recursos vivos del mar, para forzar una mayor transferencia hacia el Tesoro Nacional.

Y, por último, el tercer ítem que agrava aún más la situación es el recorte presupuestario que muestra el proyecto nacional para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que muestra un incremento para el año próximo de apenas un 26,41 por ciento, quedando rezagado frente a la altísima inflación proyectada para el 2024, que ya supera el 120. Esta situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el INIDEP juega un rol fundamental en la investigación y desarrollo, proveyendo información científica esencial para la toma de decisiones en materia de políticas pesqueras.

Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), explicó que "las acciones mencionadas no hacen más que precipitar la debacle de un sector que está en alerta roja desde que empezó el año" dado que "la pesquería nacional se ve actualmente muy afectada por la crisis del mercado mundial, los elevados costos internos y un tipo de cambio planchado".

Específicamente, en cuanto a la multiplicación de las retenciones, la FULASP sostiene que es una medida injustificada que no puede tomarse sin antes trabajar sobre el tipo de cambio y la estructura de costos. En cuanto a las subas en los DUE, la entidad reconoce que existen reales problemas de desactualización en los cánones que percibe el Estado, pero aclara que eso se da como consecuencia de un problema del propio Gobierno: la inflación.

Y sobre esto también argumenta el rechazo al recorte presupuestario en el INIDEP, porque si el gobierno pretende asignar un valor mayor a los recursos vivos con valor comercial que se encuentran en aguas territoriales, primero debería contar con un estudio científico preciso que determine la cantidad exacta de biomasa en todo el mar argentino, algo que nunca se ha hecho y que menos se hará ahora con un menor presupuesto para la investigación y el desarrollo del sector.

La organización internacional ya ha elevado varios informes en donde ha justificado que la industria está muy mal herida por "las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado indicadores inflacionarios en los países compradores de productos, por la continuidad de medidas restrictivas que se instalaron en el mercado asiático a partir de la "Plandemia" por el Covid-19, el significativo descenso de la demanda y la caída en los precios; sumado a la competencia que genera la acuicultura, ubicando en un contexto muy desfavorable a todas las empresas de bandera nacional".

La estructura de costos se ha vuelto inviable debido a varios factores, como ser "el aumento de los costos de captura y producción, el incremento en los precios de combustibles, aceites y packaging, los mayores gastos de distribución, debido a la falta de actividad marítima, el aumento de los costos portuarios, el impacto de la inflación en los ajustes salariales y el atraso cambiario acumulado de años anteriores", reiteró Cereseto.

Hace unos meses, la FULASP encabezó un pedido formal ante la Secretaría de Bioeconomía, el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Recursos Acuícolas y Pesca de la Nación, en donde exigió la inmediata suspensión de las retenciones por al menos 180 días para paliar la situación y mejorar la competitividad del sector. 

Sin embargo, "no sólo no se nos escuchó, sino que ahora la presión será mayor" expresó Cereseto y agregó que "no se entiende por qué no se mide a todos los sectores productivos con la misma vara", en clara referencia a medidas similares que se han tomado con otros rubros, como el de la lechería, en la cual el gobierno decidió prorrogar la suspensión de los derechos de exportación para todos los productos lácteos por 1 año, a partir del 1 de julio de 2024 y hasta el 30 de junio de 2025, al igual que con la industria automotriz, en donde el Gobierno decidió en abril pasado mantener la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales.