El presidente de la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina (CRARA), Gino Marín, expresó su preocupación y cuestionó la convocatoria realizada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a representantes de los sindicatos de taxis y remises, para analizar el proyecto de ley que busca regular el trabajo mediante plataformas digitales.

La reunión fue encabezada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y contó con la participación de José Ibarra, del Sindicato de Conductores de Taxis, y Alejandro Poli, del Sindicato Único de Remises y Afines.

Marín consideró llamativa la convocatoria y puso en duda la representatividad de ambas organizaciones para debatir sobre una actividad que, según sostuvo, históricamente tuvo enfrentamientos con los sectores vinculados al transporte mediante aplicaciones digitales.

En ese sentido, señaló que el ámbito territorial de representación del sindicato de Ibarra se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que el de Poli corresponde a Quilmes. Además, cuestionó que no se haya convocado a CRARA, entidad que asegura contar con representación empresarial en el sector, a través de su participación en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y en el Secretariado de la Confederación Federal PyME Argentina.

El titular de la Cámara también manifestó su malestar por la ausencia de organizaciones sindicales que, según indicó, representan a trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de la actividad, como el Sindicato de Motoqueros (ASIM) y el Sindicato de Choferes Particulares. Destacó que estas entidades tienen participación en espacios internacionales vinculados al trabajo en plataformas y forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Para Marín, resulta especialmente preocupante que no se haya incluido en las consultas a los trabajadores de delivery, a quienes consideró actores fundamentales dentro de la actividad que se pretende regular.

Asimismo, cuestionó la política laboral del Ministerio de Trabajo bonaerense y advirtió sobre la falta de medidas para contener el cierre de empresas y la pérdida de puestos laborales. A esa situación, sostuvo, se suma ahora la elaboración de un proyecto de ley de gran relevancia sin la participación de quienes, desde su perspectiva, conocen de primera mano la realidad del sector.

El dirigente también señaló que las críticas a este procedimiento terminan afectando la gestión del gobernador Axel Kicillof, de quien aseguró que sigue con preocupación la situación laboral de los bonaerenses y busca alternativas para encontrar soluciones.

Finalmente, desde CRARA reclamaron que se revea la metodología de consulta y se convoque a las organizaciones empresariales y sindicales directamente vinculadas con la actividad.

Marín advirtió que, si el proyecto avanza sin escuchar a los verdaderos representantes del sector, existe el riesgo de que la futura ley termine convirtiéndose en una norma de difícil aplicación. "Sin la participación de los verdaderos representantes del sector, será imposible lograr su aplicación efectiva", sostuvo.

El pronunciamiento fue difundido en Buenos Aires el 12 de noviembre de 2026.