Un caso que involucra al Banco Galicia ha puesto en jaque la confianza en el sistema financiero argentino. Acusado de facilitar lavado de dinero, falsificación de documentos y transferencias internacionales no autorizadas, el banco enfrenta un proceso judicial que revela una trama de complicidad interna y cuestiona la justicia en el país.

La causa, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2 bajo la mirada del juez Pablo Yadarola, expone cómo una institución de renombre habría convertido sus sistemas en una herramienta para delinquir, mientras los clientes afectados claman por respuestas.

Una máquina de ilícitos al descubierto

La investigación, identificada como CPE 1128/2023/8, señala que Banco Galicia permitió operaciones millonarias sin respaldo documental ni consentimiento de los titulares de las cuentas.

Según el procesamiento firmado por Yadarola, el banco manipuló sistemas internos como el COMEX (utilizado para operaciones de comercio exterior) y desactivó alertas clave, como el sistema PLA (Prevención de Lavado de Activos), para evadir controles legales. Estas maniobras habrían facilitado la fuga de divisas y el lavado de fondos, disfrazados como importaciones ficticias.

El testimonio de los propios empleados del banco es contundente. En declaraciones judiciales, confesaron cómo se orquestó el esquema:

• “Levantábamos el alerta PLA para que pase la operación y después lo activábamos de nuevo para que no quede rastro”.
• “Había presión para autorizar operaciones rápido, aunque faltara documentación”.
• “No teníamos formación, aprendíamos sentados al lado de otro analista”.
• “Hay alguien dentro del banco que cargaba operaciones sin dejar su nombre”.

Estas admissions no provienen de denunciantes externos, sino de quienes ejecutaron las órdenes dentro del banco, dejando en evidencia un patrón deliberado de violación a las normativas.

Clientes procesados, empleados absueltos

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la decisión judicial de procesar a los clientes cuyas cuentas fueron utilizadas, mientras que los empleados que admitieron su participación recibieron una “falta de mérito”.

Entre los procesados hay empresarios que aseguran no haber autorizado ni tenido conocimiento de las transferencias. Uno de ellos expresó su indignación: “Nunca firmé ni aprobé esas operaciones. Mi delito fue ser cliente del banco y conocer a Fariña. Me procesan a mí y le dictan falta de mérito al empleado que aceptó haber cargado operaciones falsas. ¿Dónde está la justicia?”

La falsificación también alcanzó documentos oficiales como los Sistema Informático de Programación de Embarques Simplificados (SIMPES), donde nombres originales fueron borrados y reemplazados por empresas ajenas a las maniobras. “Solo alguien dentro del banco podía acceder y modificar esos registros”, afirmó una fuente cercana a la defensa.

La respuesta del banco: cuentas cerradas y silencio

Frente a las acusaciones, Banco Galicia optó por una estrategia de contención que ha generado más sospechas que certezas. Cerró unilateralmente las cuentas de los clientes afectados sin ofrecer explicaciones ni permitirles defenderse.

Además, presentó un informe al juez en el que omitió los nombres de los ejecutivos presuntamente involucrados, un gesto que muchos interpretan como un intento de encubrir a los responsables de mayor rango.

Un fallo bajo revisión

El caso está ahora en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que revisará el fallo inicial. Los clientes procesados esperan que se rectifique lo que consideran una resolución arbitraria, exigiendo que la investigación apunte a los verdaderos responsables: los operadores internos y sus superiores.

La decisión del tribunal podría sentar un precedente crucial, definiendo si los ciudadanos comunes serán penalizados por las acciones de las instituciones en las que confiaron.

El verdadero delito: la traición institucional

Mientras Argentina lucha por fortalecer sus mecanismos de control financiero, el escándalo de Banco Galicia pone de manifiesto las fisuras del sistema. No se trata solo de un delito económico, sino de una institución que, según la investigación, actuó como un engranaje silencioso en una maquinaria delictiva.

Como señala el epílogo del documento original: “No se puede hablar de justicia si quienes usan el sistema para delinquir salen indemnes, mientras quienes confiaron en ese sistema son arrastrados al abismo”.

Este caso no solo desafía la integridad del sector bancario, sino que plantea una pregunta urgente: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes deben proteger el dinero y la confianza de los argentinos? La respuesta, por ahora, sigue en el aire.