Una nueva ampliación de denuncia penal presentada ante la Justicia Federal vuelve a poner en el centro de la escena la situación ambiental del Puerto de Mar del Plata, con acusaciones que combinan presunto encubrimiento estatal, beneficios económicos indebidos para empresas del sector pesquero y un grave impacto sanitario sobre la población.

El denunciante, Roberto Maturana, profundizó los fundamentos de su presentación al sostener que existe un "modus operandi de encubrimiento ambiental" que habría permitido durante años el funcionamiento irregular de plantas procesadoras de harina de pescado sin los controles exigidos por la normativa vigente.

Según la denuncia, organismos como el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua (ADA) habrían omitido controles clave, permitiendo que empresas operen sin el Legajo de Evaluación de Generación de Aire (LEGA) y sin plantas de tratamiento de efluentes en funcionamiento.

Esta situación, advierte, habría significado un ahorro millonario para las firmas involucradas, al evitar inversiones en tecnologías de mitigación como termodestructores, lavadores químicos y sistemas de tratamiento biológico.

En ese marco, Maturana sostiene que el Estado no solo habría incumplido su rol de control, sino que, al no clausurar establecimientos y sostener programas de adecuación que nunca se concretaron, habría favorecido un esquema de rentabilidad basado en la externalización de costos ambientales. Esto, afirma, convirtió al puerto en una "zona de sacrificio".

El escrito también hace hincapié en las consecuencias sobre la salud pública. De acuerdo a lo planteado, los trabajadores y vecinos de la zona portuaria estarían expuestos de manera constante a gases tóxicos como trimetilamina, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que pueden provocar afecciones respiratorias y neurológicas crónicas.

Además, se advierte sobre riesgos específicos para personas con patologías preexistentes. En pacientes cardíacos, la exposición a estos compuestos podría generar descompensaciones severas, como arritmias o infartos, mientras que en personas con cáncer se incrementaría la vulnerabilidad a infecciones y el deterioro general del estado de salud.

En términos ambientales, la denuncia señala que el vertido de efluentes sin tratamiento habría generado acumulación de metales pesados y materia orgánica en descomposición en el fondo del puerto, así como en lagunas cercanas y acuíferos, configurando un pasivo ambiental de carácter irreversible. También se menciona un daño significativo a la biodiversidad marina, cuya magnitud, según el denunciante, no podría ser reparada mediante sanciones administrativas.

Otro de los puntos centrales apunta al rol del Consorcio Portuario Regional, al que se le atribuye responsabilidad por permitir el funcionamiento de empresas en presunta situación de ilegalidad, sin los permisos ambientales correspondientes. En particular, se menciona el caso de la firma Agustiner, cuya operatoria habría sido cuestionada en documentación judicial.

En el petitorio, Maturana solicita que se investigue un posible enriquecimiento ilícito ambiental por parte de las empresas beneficiadas, así como la responsabilidad penal de funcionarios de organismos provinciales y nacionales que habrían intervenido en la elaboración de informes considerados falsos o inconsistentes.

También reclama la suspensión inmediata de actividades de aquellas plantas que, según la última intimación judicial, continúan sin cumplir con los requisitos legales, incluyendo la ausencia de sistemas de tratamiento de emisiones.

La presentación incorpora como respaldo diversos documentos, entre ellos informes técnicos del INTI, actas de inspección municipales, oficios judiciales y reportes del propio Ministerio de Ambiente, que (según el denunciante) evidenciarían contradicciones y omisiones en los controles oficiales.

La causa, que ya contaba con antecedentes, suma así nuevos elementos que podrían derivar en medidas judiciales de mayor alcance, en un contexto donde crecen las preocupaciones por el impacto ambiental y sanitario en una de las principales áreas productivas de la ciudad.