Ignacio Zavaleta, activista de derechos ambientales, presentó este jueves un reclamo formal ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, con el objetivo de que el organismo intervenga contra la implementación de peajes en rutas que, según sostuvo, no reúnen condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad.

En el escrito, Zavaleta solicitó que la Defensoría asuma la representación colectiva de los usuarios viales bonaerenses y promueva acciones judiciales para impedir el cobro de tarifas hasta que se ejecuten obras de reparación sobre los corredores afectados. El planteo incluye además el pedido de una medida cautelar que suspenda cualquier esquema de peajes en rutas que no cuenten con certificaciones técnicas de seguridad.

Uno de los ejes centrales de la presentación apunta a lo que define como una "doble imposición". Según argumentó, los usuarios ya financian la infraestructura vial mediante impuestos aplicados a los combustibles y otros mecanismos de recaudación, por lo que considera incompatible sumar nuevos costos a través de cabinas de peaje sin modificar el esquema tributario existente.

Zavaleta también cuestionó la posibilidad de que se concesionen corredores con deterioros estructurales, falta de señalización y problemas de mantenimiento. En ese sentido, sostuvo que cobrar por la utilización de rutas en esas condiciones implica trasladar costos a los usuarios sin garantizar una contraprestación acorde.

Dentro del reclamo presentado ante la Defensoría, se exige además que se transparenten los destinos de los fondos recaudados mediante impuestos específicos vinculados a la infraestructura vial. El planteo busca conocer cómo se administran esos recursos y cuál será su situación en caso de avanzar un modelo de financiamiento basado en peajes privados.

El dirigente resumió su posición bajo la consigna "reparación primero, pago después" y reclamó que cualquier sistema de cobro se implemente únicamente una vez que las rutas ofrezcan condiciones óptimas para circular. Ahora será la Defensoría del Pueblo la que deberá evaluar el pedido y definir los pasos a seguir.