Por Eva Gigena (*)

La propuesta del presidente Javier Milei de reformar la Ley General de Sociedades (número 19.550) para crear “Sociedades Automatizadas”, es decir, empresas operadas en un 100 por ciento por inteligencia artificial y con personería jurídica propia, fue presentada por la Casa Rosada como el pináculo del progreso. El Gobierno ofrece a las Big Tech globales un paraíso desregulado e idílico: un impuesto a las ganancias de apenas el 15 por ciento, libre disponibilidad de divisas y el clima patagónico para refrigerar sus servidores. Sin embargo, cuando se levanta el telón de esta fantasía tecno-optimista, lo que queda a la vista es una inquietante combinación de vacío legal y amenaza ambiental.

El debate escaló a nivel internacional cuando el filósofo e historiador Yuval Noah Harari cruzó al mandatario argentino en la plataforma X. El autor de Sapiens advirtió sobre el nacimiento de una “impunidad artificial”: si un algoritmo autónomo e incorpóreo comete una estafa multimillonaria, destruye el patrimonio de miles de usuarios o genera un desastre operativo, no existe un cuerpo físico al que meter en la cárcel. Ante la justicia penal tradicional, el código informático se vuelve inasible; si se le impone una multa económica, el sistema simplemente “se apaga”, disuelve sus activos virtuales en milisegundos y deja desprotegidas a las víctimas de carne y hueso.

Frente a esta alarma ética, las comisiones del Senado de la Nación ya pusieron un freno de mano. El bloque oficialista se vio forzado a reformular el proyecto legislativo para exigir la presencia obligatoria de un responsable humano, lo que debilitó la ambición del Ejecutivo de crear empresas autónomas y soberanas. En paralelo, el Gobierno implementó por vía de decretos (DNU 70/2023) y de resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) la digitalización absoluta y la libre elección de moneda en los contratos, con lo cual allanó el terreno operativo.

Pero el peligro de este “oasis tecnológico” va mucho más allá de las fronteras jurídicas: tiene un impacto directo sobre la supervivencia de nuestros recursos naturales. Con el fin de materializar este ecosistema, empresas internacionales como la polaca Green Capital ya proyectaron inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares para instalar colosales data centers de hiperescala (hyperscalers) en provincias como Chubut.

Aquí es donde estalla la crisis hídrica. La narrativa oficial sostiene que las bajas temperaturas de la Patagonia “refrigeran gratis” los servidores, pero los expertos en infraestructura advierten que el frío ambiental no elimina la necesidad de sistemas de enfriamiento líquido. Un complejo informático de semejante magnitud consume millones de litros de agua por día para evitar el colapso de sus procesadores.

Introducir estos gigantes tecnológicos en la Patagonia es arrojar un fósforo encendido en una región donde la disponibilidad de agua dulce ya se encuentra severamente condicionada y tensionada por la actividad hidrocarburífera y el cambio climático. Mientras el Gobierno nacional debate el futuro de la ley, las comunidades locales y los comités ambientales alertan sobre una preocupante falta de información pública y de estudios de impacto ecológico respecto del consumo hídrico real que demandarán estos servidores.

La Argentina corre el riesgo de transformarse en un laboratorio experimental de doble filo. De no mediar controles estrictos y un rediseño profundo en el Senado, la promesa de vanguardia tecnológica e informática podría traducirse en el peor de los mundos: un enclave corporativo inmaterial que no generaría empleo genuino, que gozaría de inmunidad legal ante el fraude y que, para colmo de males, amenazaría con secar las cuencas de una Patagonia que no cuenta con recursos ilimitados. La innovación no puede ser el caballo de Troya del desamparo jurídico y el saqueo ambiental.

(*) MSR Potencia. Concejal (M.C.). Ex candidata a diputada nacional. Miembro C.D. MSR, vocal de la Quinta sección electoral.